Los líderes de los dos partidos políticos más importantes, el Congreso, la Casa Blanca, los editorialistas y los periodistas de los principales periódicos al igual que los economistas sostienen que el Seguro Social y el Seguro Médico (Medicare) deben ser “reformados” para reducir el déficit fiscal “insostenible” y evitar la bancarrota de estos programas sociales. Un aspecto importante de la campaña propagandística de la élite es la perversa manipulación del significado de estos dos programas.
Los llaman “programas a los que la gente se cree con derecho a tenerlos” implicando una suerte de asistencialismo gubernamental o privilegio individual. En realidad, la seguridad social es una forma de seguro social pagado mediante deducciones salariales durante toda la vida laboral del contribuyente, la que dura, por lo general, aproximadamente medio siglo.
La retórica de que “la gente se cree con derecho a tenerlos” dice que las contribuciones de toda una vida laboral son insuficientes y que se requieren ‘reformas’ regresivas para “salvar el sistema” -a expensas de los beneficiarios. El llamado “gran convenio” propuesto por el presidente Obama y las “reformas fiscales” propuestas por los republicanos del Congreso tienen como objetivo robarle a los contribuyentes de la clase trabajadora sus ahorros en aportes de pensión mediante varios cambios regresivos específicos.
El “gran convenio” como robo legalizado
Por décadas solamente una pequeña fracción de las contribuciones del Seguro Social se usa para pagar a los contribuyentes, la mayor parte es transferida al tesoro general para pagar los gastos -principalmente cientos de miles de millones de dólares de fondos del Seguro Social financian las guerras, los pagos de bonos, los subsidios a la agro-industria, los rescates a los banqueros especuladores de Wall Street y otros intereses económicos de las élites. Durante décadas el Tesoro robó varios billones de dólares, intercambiándolos por pagarés (que nunca fueron pagados) para proveerle la gentileza de un “seguro social” a la élite en el poder del estado policial hegemonizado por el complejo militar-industrial y de Wall Street. Si los pagos acumulados al Seguro Social hubieran sido remitidos a una cuenta especial en lugar de usarse para cubrir el déficit del gasto militar y las guerras internacionales, las finanzas del Seguro Social estarían en excelentes condiciones hasta, al menos, fines del siglo XXI. La Administración del Seguro Social (SSA, según sus siglas en inglés) podría hacer ajustes de pagos acorde con los índices reales de inflación (que son prácticamente el doble de las cifras manipuladas por el gobierno). SSA podría comenzar a pagar el total de las pensiones a la edad de 62 años para la mayoría y a una edad menor para aquellas personas que trabajan en ocupaciones peligrosas.
Incluso tomando en cuenta el anterior robo del Tesoro, la reserva del Seguro Social podría ser totalmente repuesta si se eliminara el límite o tope de los ingresos por encima de $110.000 y si el impuesto del Seguro Social se hiciera de manera progresiva. Como es bien sabido, los multimillonarios y millonarios autónomos pagan un promedio de $11.450 por año al fondo del Seguro Social. Si se levantara el tope, aquellos que ganaran mil millones pagarían un mínimo de $100 millones anuales, los millonarios pagarían $100.000 anuales. Si se instituyera una tarifa moderadamente progresiva, los pagos se duplicarían, y terminaría el peligro para el Seguro Social.
Hoy no hay una “crisis de creerse con el derecho”. Hay una crisis en los sistemas de pagos regresivos y de impuestos que financian los programas de Seguro Social. El problema no es el “envejecimiento de la población” sino la evasión impositiva llevada a cabo por las élites. El problema es el uso de los fondos del Seguro Social para financiar a la élite que le roba a Peter (Seguro Social) para pagarle a Paul (guerras imperiales).
El hurto a los contribuyentes – transformados en beneficiarios del Seguro Social – se repite diariamente y de todas las formas posibles.
La construcción de un “índice” para medir la tasa de inflación y los ajustes anuales presenta fallos enormes y va en detrimento de los beneficiarios. El índice del costo de vida excluye la alta tasa de inflación en elementos clave como gasolina, costos médicos, comida y otros elementos esenciales en el presupuesto de los pensionados y reduce por la mitad el poder adquisitivo real. En otras palabras, durante el transcurso de una década, entre el 9 y el 11% del poder adquisitivo real de las personas que reciben el Seguro Social ha sido esquilmado mediante una deliberada manipulación estatal del índice -por un monto de cientos de dólares.
En cambio, los pagos al Medicare realizados por los contribuyentes al Seguro Social se han incrementado debido al alza real de la tasa de inflación en costos médicos. Mientras que la tasa real de inflación se aplica para incrementar los costos de los contribuyentes del SS y la tasa disminuida se aplica para bajar los pagos a los beneficiarios del SS. ¡Un robo anual de billones de dólares!
Mientras que existe un consenso bipartidista para mantener el tope regresivo en pagos al Seguro Social correspondientes a los ricos y la manipulación de los ajustes del costo de vida, los líderes republicanos y muchos demócratas quieren privatizar el Seguro Social: entregándole billones de dólares pagados por los contribuyentes del Seguro Social a Wall Street, mediante inversiones en acciones, títulos, fondos especulativos, bonos basura, etc. Esto les proporcionará a los administradores de fondos privados miles de millones en comisiones (del 3 al 5%) a expensas de los beneficiarios del Seguro Social… y ni qué decir de los riesgos de fraude y las pérdidas que se han vuelto endémicas en Wall Street y que podrían privar a los jubilados de sus pensiones en el caso de un colapso de los mercados bursátiles.
La mayoría de los demócratas saben que más del 90% de los contribuyentes del Seguro Social se oponen a que este sea entregado a Wall Street, por ello proponen “salvar” al Seguro Social reduciendo los pagos a millones de personas y negándoselo a cientos de miles por año.
“Trabajar hasta morir”: Aumentar la edad para recibir beneficios
Un comité bipartidista designado por el presidente Obama propone aumentar la edad en la que los beneficiarios del SS pueden comenzar a cobrar las pensiones completas: de 65 a 67 años. Según las estadísticas del gobierno de EE.UU., 330.096 personas mayores (158.038 hombres y 172.061 mujeres) mueren entre la edad de 65 y 67 años. Al aumentar la edad para recibir el SS, el gobierno le negaría por completo (le robaría) a cientos de miles de beneficiarios del SS el pago de este beneficio después de que las personas hicieran contribuciones durante casi medio siglo. En otras palabras, Obama y el Congreso de los republicanos “salvarán el sistema del SS”, ¡negándose a pagarle una pensión a personas que hicieron contribuciones toda su vida laboral! Al aumentar la edad para recibir beneficios del SS, la élite política está, de hecho, sentenciando que más de la mitad de los trabajadores de EE.UU., que mueren antes de los 67 años ,van a “trabajar hasta que se mueran”.
Clase, raza, región y Seguro Social
La mayoría de los países, entre los que no se incluyen EE.UU., toman en cuenta la tasa de muerte diferencial de las ocupaciones peligrosas y otras consideraciones similares para hacer ajustes en la edad de la jubilación.
No en la “Patria de los bravos”, donde los ahorros de los pensionados del Seguro Social tienen otros usos y otros beneficiarios. Mientras que muchos países europeos, especialmente Inglaterra (desde 1837) tiene una larga historia de estudios sobre las ocupaciones a nivel nacional relacionados con trabajos de alto riesgo para la salud, en EE.UU. hay pocos estudios y están relacionados a grupos por edad. Indudablemente que la falta de interés de los cientistas sociales está conectado con el hecho de que el gobierno y las instituciones no están dispuestos a financiar investigaciones basadas en clase social que resalten la gran brecha entre las tasas de mortalidad de los patrones y las de los trabajadores; entre mujeres pobres de áreas rurales y mujeres urbanas profesionales; entre minorías afroamericanas, hispanas y blancos.
Las tasas de mortalidad más altas corresponden a los trabajadores industriales, especialmente negros; obreros de la construcción (especialmente hispanos); trabajadores agrícolas que manipulan pesticidas; trabajadores de las industrias extractivas (mineros, hacheros, pescadores, etc.). Millones de estos trabajadores, la inmensa mayoría, trabajan hasta el día que mueren. Pagan toda su vida laboral al fondo del Seguro Social, y debido a la alta edad mínima para retirarse, jamás reciben un dólar de su pensión.
En cambio, los ejecutivos y los empleados jerárquicos reciben, por lo general, sus pensiones del SS hasta los ochenta y pico de años. Con la declinación de beneficios médicos para los trabajadores en la ofensiva capitalista actual y con los recortes en el sector público, los trabajadores tienen menos acceso a la atención médica.
Los trabajadores sin seguro médico o con una atención médica inadecuada corren mayor riesgo de muerte. Esto es especialmente evidente en el drástico descenso de la expectativa de vida para las mujeres blancas de bajos ingresos que viven en zonas rurales -un grupo que carece de atención médica adecuada y que probablemente “trabajará hasta el día de su muerte” -pagando la contribución al SS pero que nunca recibirá un cheque del SS.
A partir de los 60 años, los trabajadores son más propensos a enfermedades y lesiones y a morir antes de poder recibir su primer cheque del SS. El aumento de la edad mínima para recibir los beneficios del SS implica: 1) la exclusión desproporcionada de trabajadores que han realizado los trabajos más duros, sucios y peligrosos y 2) el beneficio desproporcionado de la clase ejecutiva adinerada que paga la menor cantidad en proporción a sus ingresos y que recibe los cheques del SS más abultados durante un periodo más extenso. Un aumento de la edad mínima para la jubilación exacerbará las enormes desigualdades sociales ya existentes… hasta en la muerte.
Un llamado a la acción: Reformas del Seguro Social centradas en los trabajadores
La “reforma” del Seguro Social es una necesidad pero proponemos cambios clasistas en la dirección exactamente opuesta de lo propuesto por la coalición bipartidista.
Para incrementar la longevidad y la recuperación del fondo del Seguro Social hacia fines del siglo XXI, se debe eliminar el límite a los más altos ingresos y se debe implementar una tasa progresiva.
En segundo lugar, las contribuciones del SS no deben ser depositadas en el tesoro general para que dejen de financiar la máquina de guerra y los subsidios estatales a los capitalistas. Se debe establecer un fondo especial del SS que garantice el pago a los contribuyentes. Debemos demandar que el Tesoro efectúe los pagos de los pagarés al Seguro Social: los pagos deben ser depositados en un fondo especial del SS para financiar a los beneficiarios.
En tercer lugar, con los flujos adicionales de ingresos, los beneficios completos del SS deben comenzar a los 60 años para las ocupaciones peligrosas, y a los 62 años para el resto. Los índices del costo de vida deben estar basados en la canasta familiar tomando en cuenta los aumentos en gastos médicos y otros gastos especiales para las personas mayores.
En cuarto lugar, los gastos médicos pueden ser reducidos en, al menos, un 50% con un sistema de salud universal ( Single Payer ), el que debería ser financiado con impuestos a las ganancias, a las transacciones financieras (un impuesto para la compra de acciones y bonos) y con una reducción del 75% del presupuesto militar.
La reforma y expansión de la cobertura del Seguro Social es una cuestión de vida o muerte, literalmente, tanto para los actuales como para los futuros contribuyentes. Es la “madre de todas las luchas de clase” en todo el sentido de la expresión. La resolución determinará si la clase capitalista continúa robando al Seguro Social y a sus contribuyentes de la clase trabajadora; si los trabajadores siguen “trabajando hasta morir”, y si se puede legislar un programa de SS que provea a los trabajadores tiempo para el descanso, la recreación, jugar con sus nietos, pescar, nadar, llevar de paseo a sus perros en un día luminoso y despejado.
___________________
* Profesor emérito de sociología en la universidad de Binghamton (N.Y.). Intelectual emblemático de la izquierda estadounidense; miembro de la conferencia ‘antiimperialista’ Axis for Peace (Red Voltaire)
Fuente: adital.com.br
Seis meses de licencia pos-parto
Decenas de madres marcharon, la mañana de este viernes 18 de enero, por la Avenida Juanito Mora Porras (Av. Segunda) desde el Parque Central de San José y hasta la Asamblea Legislativa para entregar el borrador de lo que será el proyecto de Ley para ampliar la licencia de maternidad de 4 a 7 meses.
El texto fue entregado por Melissa Flores, quien es una de las proponentes, al diputado del Partido Frente Amplio, José María Villalta Florez-Estrada. Éste se dará a la tarea de convencer al resto de diputados y diputadas, de todos los partidos políticos, para que apoyen la idea.
Esta iniciativa ciudadana pretende aumentar de 4 a siete meses la licencia por maternidad, contemplando un mes antes del parto y seis meses posterior al mismo con el fin de alimentar al recién nacido.
El objetivo es que las madres puedan amamantar a los bebés hasta los seis meses como establece la política nacional de lactancia materna y como lo recomienda internacionalmente la Organización Mundial de la Salud.
Para esta propuesta las madres no se encuentran solas, no solo organizaciones sociales y sindicales las apoyan completamente, sino también el Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU, institución que está a la espera del proyecto ya que beneficia a las mujeres y la niñez.
Aun así el INAMU, en comunicado de prensa, manifestó su preocupación por las mujeres que quedarían descubiertas por la Ley “mujeres que no tienen seguro de maternidad; como las que realizan trabajo doméstico y las que laboran de forma independiente”
Por ese motivo creen que el esfuerzo solidario debe ser de toda la sociedad “el Estado, las empresas y las personas trabajadoras deben contribuir desde diferentes ámbitos.”
Al INAMU se suma la Defensoría de los Habitantes para quienes la Ley “debe ir más allá” y ampliarla para casos especiales e incluir a los padres de familia por la corresponsabilidad en el cuido de los niños y de las niñas. “En muchos países del mundo es mucho más amplio el tiempo de lactancia”
Para el diputado Villalta con esta medida se benefician la madre, la niñez y hasta la Caja Costarricense de Seguro Social, “porque al amamantar adecuadamente a los niños y niñas, se garantiza un desarrollo más saludable y por tanto menos propensos a enfermedades, por lo que la Caja invertiría menos en curación”
La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social, UNDECA, apoya totalmente esta propuesta y se propone no solo manifestarlo, sino colaborar en todo lo que se requiera para que esta Ley sea una realidad.
__________________________
Video de la marcha
Empresa exportadora no paga a sus trabajadores
PROTESTAN CONTRA FINQUERO Y GOBIERNO
Más de 300 personas que laboraban y algunas que actualmente trabajan en la Finca Matas de Costa Rica, en El Milano, Siquirres, se manifestaron sobre la ruta a Limón con pancartas y banderas de Costa Rica.
Los lugareños siguen molestos porque el guatemalteco dueño de la propiedad no les canceló salarios, liquidaciones y hasta vacaciones durante diez años.
El grupo arrancó su marcha en Codela de Siquirres hasta La Herediana y tardaron 8 horas sobre la carretera para hacer sentir su malestar.
“Son medidas de presión para el gobierno porque el 21 de este mes tenemos reunión con la Presidenta y diputados de la zona para que nos den una solución”, aseguró Sergio Barquero.
Algunos de los actuales empleados denuncian que no recibieron aguinaldo el pasado diciembre, ni vacaciones, y amenazan con hacer bloqueos si no se toman medidas en este caso.
En las primeras semanas de enero estas personas tomaron posesión de la finca ante la falta de pago del patrono y esto se prestó para desalojos, enfrentamientos con seguridad privada, heridos de balas y detenidos.
__________________________
Fuente: Diario Extra
Exportaciones de Matas de Costa Rica S.A.
Plantas vivas, incl. Sus raíces, y micelios (exc. Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberosos, turiones y rizomas, y raíces de achicoria; esquejes y estaquillas, sin enraizar, e injertos; árboles, arbustos y matas, de frutas o de otros frutos comestibles; rododendros y azaleas, así como los rosales)
UNT refuta editorial de La Nación sobre la Imprenta Nacional
A nuestro sindicato le preocupa y le ocupa la estabilidad laboral de las personas trabajadoras de la Imprenta Nacional
Derecho de respuesta al Editorial de La Nación del 9 de enero de 2013
A pesar de las declaraciones del Sr. Jorge Vargas, Director General de la Imprenta Nacional, quien asegura que con la eliminación de La Gaceta impresa no habrá despidos ni cambio en los salarios, sino tan solo una reestructuración interna; nosotros, como representantes de una buena parte de la clase trabajadora de la Imprenta Nacional, le instamos al dialogo y a una negociación entre las partes, para que se garantice la estabilidad laboral del personal de la institución, ya que como sabemos, el transitar de los administradores de la gestión pública estatal es por determinado periodo, no así para las personas trabajadoras.
Ante su argumentación de que la Imprenta Nacional seguirá imprimiendo agendas, boletines, desplegables y otros materiales, es importante acotar que en la Asamblea Legislativa existía un proyecto de ley en el cual se pretendía que la Imprenta Nacional pudiera competir en igualdad de condiciones dentro del mercado nacional, y este fue archivado por los grupos de interés económicos que adversan a la Imprenta Nacional, incluyendo al Grupo Nación S.A.
En una carta dirigida por nuestro sindicato el 6 de setiembre de 2012 a la Diputada Alicia Fournier Vargas, Presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendario de la Asamblea Legislativa, externando nuestra posición en relación al Plan B y sus repercusiones en la Imprenta Nacional, le planteamos a los diputados y diputadas que esta institución requiere para su subsistencia, que se dicte la obligatoriedad de que al menos el 10% del presupuesto de impresos comerciales de las instituciones estatales se ejecute allí, además de eliminar las trabas que no les permiten competir. La Imprenta Nacional necesita urgentemente de una ley especial que le permita transformarse en una empresa estatal que asegure su permanencia y estabilidad en el tiempo. Sin embargo, no es interés de los políticos empresarios fortalecer a esta institución, todo lo contrario, como lo han hecho con muchas otras empresas estatales, la presentan como deficitaria para justificar su privatización y así garantizar el negocio de sus socios.
¿Por qué no le permiten a la Imprenta Nacional competir en el campo de las artes gráficas? ¿Por qué no se promueve una reforma legal similar a la que contiene la Ley del SINART y se obliga a las instituciones públicas a que contraten todas las impresiones y demás trabajos a la Imprenta Nacional, que es una una institución sin carácter de lucro? Recordemos que hace poco, la nueva ley de tránsito, pudiendo haber sido impresa en la Imprenta Nacional, fue reproducida por el Grupo Nación.
La Imprenta Nacional, a pesar de que muchos ignoran su potencialidad productiva de carácter eficaz e eficiente y de alta calidad, es una de las instituciones que genera ganancias para el erario; cuenta con una maquinaria y equipo de trabajo de tecnología de punta, y con personal calificado que cualquier rotativa nacional lo desearía, incluyendo claro está al Grupo Nación S.A. A pesar de las ataduras con que cuenta la Imprenta Nacional para su desempeño, el último superávit que reporta la institución es de 8 mil millones de colones. Imaginemos compitiendo sin ataduras, cuánto podrá producir. . .
Es importante manifestar nuestra posición en el sentido que no nos oponemos a los cambios e innovación tecnológica, pero si dejamos claro también, que estos cambios en el mundo del neoliberalismo, lo que han producido son más anillos de miseria, dado que lo que traen consigo en más desocupación. Claro, eso en la lógica neoliberal de La Nación, es “peccata minuta”.
Terminamos manifestando que estamos dispuestos al dialogo para garantizar los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, pero que también estamos dispuestos a la lucha en la defensa de nuestros representados, ante el más mínimo atropello que aparezca, en relación a la puesta en marcha de la tan cacareada Gaceta Digital.
Susan Quirós Díaz
Secretaria General
Guillermo Murillo Castillo
Secretario General Adjunto
___________________________________
Editorial de La Nación
El fin de La Gaceta impresa
El ahorro y las facilidades de acceso no son los únicos argumentos a favor de la publicación digital, aunque bastarían para justificarla.
La tardanza en la eliminación del papel no resta mérito a quienes finalmente dieron el paso, pero demuestra la resistencia al cambio en las instituciones estatales.
Llegado el 30 de junio, el diario oficial La Gaceta circulará por última vez en papel impreso. Solo resta preguntar por qué hasta ahora, cuando ya era evidente, desde hace años, la irracionalidad de incurrir en cuantiosos gastos para producir 1.400 ejemplares, insuficientes, siquiera, para informar a los 22.000 abogados colegiados, no hablemos ya de la población en general.
Mantener la ficción de la publicidad de leyes, decretos, edictos y otros actos oficiales costó, hasta ahora, cientos de millones de colones por año. Solo la impresión de entre 800 y 850 ejemplares diarios del Boletín Judicial generó, en un par de años, una factura de ¢344 millones, que la Corte Suprema de Justicia rehúsa pagar, pese a los reclamos de la Imprenta Nacional. La Corte argumenta la gratuidad del patrocinio legal.
La polémica entre la Imprenta y la Corte por los gastos surgidos de la absurda insistencia en imprimir La Gaceta no es única. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), carente de los ¢120 millones necesarios para imprimir el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, pidió a la Imprenta permitir el pago en abonos. Pasados dos años desde su aprobación por la Asamblea Legislativa, el convenio, un compromiso internacional de importancia para el comercio y la seguridad, no había entrado en vigencia por falta de presupuesto para la publicación.
La Gaceta exige el gasto de ¢2,5 millones diarios y 5 millones de pliegos de papel por año. La entrega a domicilio cuesta ¢150 millones. Parte del costo lo financian los suscriptores, pero, como lo demuestran los desacuerdos con la Corte y el MOPT, una buena porción de las erogaciones corre por cuenta del contribuyente.
El Colegio de Abogados manifestó su conformidad con la eliminación de los ejemplares en papel si la Imprenta garantiza el acceso de todos los habitantes del país a la información. La condición está de más. La digitalización de La Gaceta implica, en sí misma, una difusión mucho más amplia de sus contenidos, aun entre los abogados. No toda la población cuenta con acceso a Internet, pero sus usuarios son muchos más que los servidos por los 1.400 ejemplares impresos a diario.
Para ampliar la disponibilidad de la publicación, la Imprenta generará ejemplares electrónicos en las bibliotecas públicas y siempre será más fácil, incluso para quienes requieran de asistencia a la hora de navegar por la red, echarle un vistazo a un ejemplar digital que encontrar una de las escasísimas versiones impresas.
El ahorro y las facilidades de acceso no son los únicos argumentos a favor de la publicación digital, aunque bastarían para justificarla. La celeridad de las publicaciones, exigidas para infinidad de trámites en las esferas pública y privada, mejorará el ambiente de negocios y hasta los procesos legislativos, para no mencionar la entrada en vigor de importantes piezas de legislación, como el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar.
La tardanza en la eliminación del papel no resta mérito a quienes finalmente dieron el paso, pero demuestra la resistencia al cambio en las instituciones estatales, aun ante los más obvios beneficios. Antes de adoptar decisiones con riesgo de polémicos efectos colaterales, los jerarcas prefieren el gasto irracional y la ineficiencia del servicio.
Con la evidente intención de allanarle el camino a La Gaceta digital, Jorge Vargas, director de la Imprenta Nacional, se apresuró a asegurar que no habrá despidos ni cambio en los salarios, sino una reestructuración interna, porque la institución también imprime agendas, boletines, desplegables y otros materiales. Quizá la Imprenta necesite el mismo personal para desempeñarse tras la digitalización de su principal producto, pero la aclaración del funcionario apunta a uno de los focos de resistencia: el empleado público preocupado por preservar su puesto de trabajo. El desempleo es una preocupación de todos, pero no es buena política combatirlo con cargo al presupuesto del Estado, haga o no haga falta el funcionario. Tampoco debe ser pretexto para aplazar los cambios.
400 empresas acusadas por no pagar aguinaldos
Más de 400 empresas fueron acusadas hasta ayer al mediodía en las diferentes oficinas del Ministerio de Trabajo por no haber pagado el aguinaldo a sus trabajadores. Los afectados podrían ser varios miles, según lo confirmó ayer Olman Segura, ministro de esa cartera.
Segura informó, ayer que desde buena mañana las 31 oficinas en todo el país comenzaron a recibir a decenas de personas que llegaban a denunciar toda clase de irregularidades como despidos en los días de vacaciones, pero lo que predominó, fue fue el no pago del aguinaldo.
Solo en las oficinas centrales la cantidad de denuncias llegó a 203 y a su criterio, se podría duplicar la cantidad al sumarse las que fueron interpuestas en las oficinas regionales.
De las 203 denuncias 186 ya fueron asignadas a inspectores del trabajo, quienes visitaron las empresas para verificar que las denuncias tuvieran sustento y antes del mediodía habían entregado a los patrones las prevenciones de 24 horas para pagarlo. Hoy regresarán y si no han cumplido se les notificará formalmente que serán llevados ante los Tribunales del Trabajo, donde podrían ser condenados no solo a pagar con intereses los aguinaldos, sino con multas.
Para el ministro es una barbaridad que esa cartera tenga que llegar a eso y más aún cuando no pueden sancionar a ningún patrono. “estamos viendo la posibilidad de presentar un proyecto de ley para hacer algo más para defender a los trabajadores y poder sancionar a los empresarios que se nieguen a pagar el aguinaldo como Dios manda”, manifestó Segura.
Agregó que la mayoría de las denuncias son de empresas dedicadas al comercio y seguridad que se han negado a pagar este derecho hasta a 100 trabajadores, al igual que varios call center.
Este fue el caso de José Antonio Saavedra de la empresa de seguridad Marvana S.A, quien llegó a denunciar que no le habían pagado el aguinaldo pese a tener 5 meses de trabajar. Saavedra, quien le da seguridad a la empresa Taco Bell, dijo que a ninguno de sus compañeros se lo pagaron por cuanto les dijeron que esa empresa no paga aguinaldos, solo la liquidación.
________________
Fuente: Diario Extra
Presidente Chávez asimila el tratamiento aplicado
El ministro de Comunicación de Venezuela informó que el mandatario venezolano está asimilando el tratamiento que de manera rigurosa y permanente aplica el equipo médico que lo atiende en La Habana. El Gobierno reiteró el llamado al pueblo del país para que no atienda los rumores acerca de la salud del Presidente.
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela informa al pueblo venezolano y demás pueblos hermanos sobre la evolución clínica del presidente Hugo Chávez tras la intervención quirúrgica practicada el pasado 11 de diciembre.
El Gobierno Bolivariano mantiene contacto permanente con el equipo médico que atiende al Comandante Chávez, así como con los familiares que lo acompañan en su proceso postoperatorio en La Habana, Cuba.
El Presidente se encuentra en una situación estacionaria en relación con la descrita en el más reciente reporte, cuando se informó sobre la insuficiencia respiratoria que enfrenta el Comandante Chávez como consecuencia de una infección pulmonar sobrevenida en el curso del postoperatorio.
El tratamiento viene siendo aplicado en forma permanente y rigurosa y el paciente lo está asimilando.
El Gobierno Bolivariano reitera el compromiso de mantener informado al pueblo venezolano sobre la salud del Comandante Presidente y lo invita a desoír los mensajes de guerra psicológica que desde el extranjero pretenden perturbar a la familia venezolana.
El Gobierno Bolivariano felicita a las y los estudiantes, a las maestras y maestros, a las trabajadoras y trabajadores de la educación y a los padres, madres y representantes por el reinicio de clases en esta año escolar 2012-2013.
Asimismo, agradece a las empresas del sector agroalimentario que acudieron a una reunión de trabajo con el Vicepresidente Ejecutivo y ministros del Gabinete Ejecutivo para articular esfuerzos contra el acaparamiento y la especulación y reitera su compromiso por garantizar el suministro estable de productos de primera necesidad para el pueblo venezolano.
Infórmate DE VERDAD por TELE SUR TV
_____________________
COMUNICADO
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela informa al pueblo venezolano y demás pueblos hermanos sobre la evolución clínica del presidente Hugo Chávez tras la intervención quirúrgica practicada el pasado 11 de diciembre.
El Gobierno Bolivariano mantiene contacto permanente con el equipo médico que atiende al Comandante Chávez, así como con los familiares que lo acompañan en su proceso postoperatorio en La Habana, Cuba.
El Presidente se encuentra en una situación estacionaria en relación con la descrita en el más reciente reporte, cuando se informó sobre la insuficiencia respiratoria que enfrenta el Comandante Chávez como consecuencia de una infección pulmonar sobrevenida en el curso del postoperatorio.
El tratamiento viene siendo aplicado en forma permanente y rigurosa y el paciente lo está asimilando.
El Gobierno Bolivariano reitera el compromiso de mantener informado al pueblo venezolano sobre la salud del Comandante Presidente y lo invita a desoír los mensajes de guerra psicológica que desde el extranjero pretenden perturbar a la familia venezolana.
El Gobierno Bolivariano felicita a las y los estudiantes, a las maestras y maestros, a las trabajadoras y trabajadores de la educación y a los padres, madres y representantes por el reinicio de clases en esta año escolar 2012-2013.
Asimismo, agradece a las empresas del sector agroalimentario que acudieron a una reunión de trabajo con el Vicepresidente Ejecutivo y ministros del Gabinete Ejecutivo para articular esfuerzos contra el acaparamiento y la especulación y reitera su compromiso por garantizar el suministro estable de productos de primera necesidad para el pueblo venezolano.