Categoría: Nuestra Posición

¿A qué le tiene miedo la junta directiva de la CCSS?

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UNDECA manifiesta preocupación por el rechazo reiterado de la Junta Directiva de la CCSS a la apertura de una investigación administrativa y una auditoría forense externa sobre la fallida implementación del sistema ERP-SAP, pese a la gravedad de los hallazgos documentados por la Auditoría Interna y a los señalamientos realizados en sede legislativa.

Resulta particularmente grave que, mientras la propia Junta Directiva compareció ante la Comisión Permanente Especial de Control del Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, reconociendo atrasos, riesgos operativos y dificultades para generar información financiera confiable, se negara internamente a investigar las causas, responsabilidades y omisiones que originaron esta crisis institucional sin precedentes.

Los hechos son claros y están debidamente respaldados por informes oficiales:
la CCSS no ha logrado cerrar contablemente junio de 2025, no ha emitido estados financieros confiables, y mantiene diferencias millonarias en inventarios, activos fijos, terrenos y cuentas contables, producto de una salida en vivo forzada del ERP-SAP, sin cumplir condiciones técnicas mínimas como pruebas integrales de cierre contable, validación de saldos migrados, conciliaciones básicas y manuales operativos completos.

La Auditoría Interna ha sido categórica: los riesgos advertidos no solo se materializaron, sino que se agravaron; la ausencia de información financiera confiable compromete la toma de decisiones, la planificación institucional y la credibilidad de la CCSS, y esta situación podría derivar en la determinación de responsabilidades por incumplimiento de deberes y debilitamiento del control interno.

Pese a ello, la respuesta de la Junta Directiva ha sido postergar plazos en cinco ocasiones, reformular cronogramas y normalizar el incumplimiento, extendiendo ahora el “plazo” hasta el 30 de abril de 2026, mientras se traslada el costo de esta mala gestión a la ciudadanía, a las personas trabajadoras y a la seguridad social costarricense.

UNDECA denuncia que el verdadero temor de la Junta Directiva no es técnico ni operativo, sino político y jurídico: temor a que una investigación independiente revele quiénes autorizaron decisiones sin cumplir condiciones legales, quiénes desoyeron advertencias técnicas reiteradas, quiénes forzaron la salida del sistema y quiénes deben responder por el deterioro del control financiero de una institución que administra más del 50 % del presupuesto público nacional.

La seguridad social no puede administrarse a ciegas, sin información financiera confiable, sin control interno y sin rendición de cuentas.

La CCSS es un pilar del Estado Social de Derecho, y su debilitamiento afecta directamente derechos fundamentales, empezando por el derecho a la salud.

UNDECA exige transparencia absoluta, investigación inmediata, determinación de responsabilidades y respeto irrestricto a los principios de legalidad, probidad y rendición de cuentas.

Negarse a investigar no es gobernar: es encubrir.

¡Por la defensa de la CCSS, la transparencia y los derechos del pueblo!

San José, 30 de enero de 2026.

UNDECA denuncia colapso, privatización, negligencia y responsabilidad política en las listas de espera

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200 mil personas esperan cirugía y miles han muerto en listas de espera de la CCSS

UNDECA alerta a la opinión pública nacional sobre una emergencia sanitaria silenciosa, sostenida y profundamente injusta: las listas de espera de la Caja Costarricense de Seguro Social, que se han convertido en una condena para miles de personas, afectando directamente el derecho fundamental a la salud, la dignidad humana y la igualdad en el acceso a los servicios públicos.

Esta situación no es producto del azar ni de hechos aislados. Está plenamente documentada por informes oficiales, auditorías y pronunciamientos de la Contraloría General de la República, que confirman fallas estructurales, incumplimientos normativos y riesgos graves para la salud pública.

DATOS QUE INDIGNAN Y EXIGEN RESPUESTAS

  • Casi 200.000 personas esperan actualmente una cirugía en la CCSS.
  • El tiempo promedio de espera supera el año y mucho más allá de ese plazo.
  • Más de 5.700 personas murieron entre 2023 y 2025 mientras se encontraban en listas de espera quirúrgica, según datos de la Gerencia Médica, GM-2334-2025.
  • Las listas de espera totales -cirugías, consulta externa y procedimientos diagnósticos- alcanzan 1.3 millones de personas.
  • Miles de pacientes superan los plazos “razonables” definidos por la CCSS.
  • Miles están en listas sin prioridad médica y miles de cirugías se realizan sin trazabilidad clínica, lo que genera inequidad y discrecionalidad en el acceso.

Estas cifras no son simples estadísticas: representan vidas en pausa, sufrimiento prolongado, discapacidades evitables y muertes que pudieron prevenirse.

EL PROBLEMA ES POLITICO, ADMINISTRATIVO Y ESTRUCTURAL

La responsabilidad no recae en las trabajadoras y los trabajadores de la CCSS, quienes sostienen el sistema bajo presión extrema, con recursos limitados y en condiciones cada vez más adversas.

El problema es la falta de planificación técnica, ausencia de una estrategia nacional sostenible para enfrentar la demanda quirúrgica, deficiente priorización y control de las listas de espera, decisiones gerenciales y políticas que han normalizado la espera, el sufrimiento y la desigualdad.

Para ejemplificar, la Junta Directiva aprobó eliminar las Jornadas de producción para sustituir el Costo Unitario Máximo para la Cobertura de Atenciones de Salud en recurso humano (conocida como CUMCAS-PIB),como indica la CGR:

 ”1.9 Este cambio en la modalidad de pago excepcional se realizó a pesar de que a la fecha la institución no cuenta con todas las validaciones técnicas de los montos aprobados por especialidad y procedimiento que solicitó la propia Junta Directiva, ni cuenta con criterios definidos por algunas instancias técnicas competentes que permitan tener certeza sobre la viabilidad presupuestaria de su aplicación”

La propia Contraloría General de la República, en su informe DFOE-BIS-IAD-00006-2025, del 22 de diciembre de 2025, ha confirmado que la CCSS incumple el marco normativo, técnico y de control interno, advirtiendo riesgos de discrecionalidad, corrupción y judicialización del acceso a la salud.

RESPONSABILIDAD POLÍTICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL

Este no es un problema coyuntural ni una falla menor. Es el resultado de decisiones sostenidas en el tiempo, tomadas al más alto nivel, pese a las reiteradas advertencias de los órganos de control.

La Contraloría ha ordenado medidas obligatorias para corregir esta situación, reconociendo que el modelo actual: carece de una estrategia real para enfrentar la creciente demanda, no es sostenible, ni técnicamente serio, no es justo ni humano.

Ante la incapacidad de la Junta Directiva para resolver estructuralmente el problema, la respuesta es privatizar las listas de espera, especialmente los menos complejos, trasladando recursos públicos a sectores que lucran con lo público.

Ante esta crisis humanitaria, social y sanitaria, UNDECA denuncia la privatización de los procedimientos menos complejos y exige transparencia en el manejo de las listas de espera, rendición de cuentas de quienes han permitido este colapso, el fin de la improvisación y la privatización de las listas de espera, en detrimento de la vida y la dignidad del pueblo.

¡Derecho a salud universal y solidario! ¡La salud no puede seguir esperando!

San José, 28 enero de 2026

UNDECA: Salario Escolar es una conquista histórica de la clase trabajadora

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Para recordar los orígenes de la creación del Salario Escolar, que no fue ni es un «regalo» institucional o gubernamental a la clase trabajadora.

1994 – Nace el bono escolar

En 1994, UNDECA en unidad con organizaciones sindicales del sector público, ante el incumplimiento del Gobierno del aumento salarial por costo de vida pactado, inició una intensa lucha que culminó en un acuerdo con la Administración Figueres Olsen para otorgar un ajuste salarial adicional, de pago diferido, a partir del 1.º de julio de 1994.

Ese acuerdo fue materializado en los Decretos Ejecutivos N.º 23495-MTSS del 10 de julio de 1994 y N.º 23907-H del 21 de diciembre de 1994, creando el Bono escolar, concebido como una autentica herramienta de justicia social; un monto acumulado equivalente al 8,19 % del salario mensual, pagadero en enero de cada año, con el propósito de proteger el poder adquisitivo de las personas trabajadoras y permitirles afrontar los gastos del inicio del curso lectivo.

1996 – Se consolida como salario escolar

Desde su origen, el movimiento sindical luchó para que ese ingreso fuera reconocido como salario de pago diferido y no como un bono o incentivo que podía eliminarse discrecionalmente.

El carácter salarial lo convierte en un monto inembargable, sujeto a las deducciones legales: pensiones alimentarias, cuotas obrero-patronales, cooperativas, fondos de ahorro, sindicatos, solidarismo, etc., asimismo, obliga al patrono a incorporarlo en el cálculo de: aguinaldo, cesantía, Fondo de Capitalización Laboral (FCL), pensión del IVM, pensión complementaria, capital de retiro, subsidios por incapacidad.

No es una retención salarial: es salario acumulado.

2008 – Exoneración del impuesto sobre la renta

La presión y la lucha sindical, logró que la Asamblea Legislativa aprobara la Ley N.º 8665 (setiembre de 2008), que exoneró al salario escolar del impuesto sobre la renta, reconociendo su naturaleza social y salarial.

2015 – Aumento del porcentaje

En el marco de la Comisión de Salarios del Sector Público, donde UNDECA tenía representación, se acordó elevar gradualmente el porcentaje del salario escolar, pasando de 8,19 % a 8,33 %, fortaleciendo esta conquista laboral.

2020 – La Sala Constitucional confirma su legalidad

En 2019, Otto Guevara Guth presentó una acción de inconstitucionalidad alegando que era un “regalo”, por lo que UNDECA se apersonó en defensa del derecho salarial de la clase trabajadora.

Mediante la resolución N.º 2020-009188, la Sala Constitucional rechazó de forma unánime la acción, sentenciando que el salario escolar no es un ingreso adicional, sino salario acumulado y pagado de forma diferida.

El salario escolar no fue una concesión patronal, fue el resultado de nuestra lucha sindical, que como clase trabajadora enfrentamos el incumplimiento salarial con sacrificio y conciencia de clase.

¡UNDECA siempre en defensa del Salario Escolar!

UNDECA denuncia: Persisten graves fallas en sistema ERP-SAP en la CCSS

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A la ciudadanía se le dijo que el nuevo sistema informático de la Caja (ERP-SAP) estaba listo, que iba a ordenar las finanzas, los inventarios y la logística, pero la realidad, es que se puso a funcionar sin estar terminado y ahora la institución y la ciudadanía estamos pagando las consecuencias; incluso a seis meses de su salida en vivo, informes técnicos recientes son contundentes, las graves fallas persisten.

Durante meses autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y del gobierno aseguraron públicamente que el sistema estaba listo y bajo control, sin embargo, las fallas estructurales comprometen la transparencia financiera, el control de inventarios, la logística institucional y, de forma directa, la calidad del servicio de salud que recibe la población.

UNDECA, como sindicato mayoritario de la CCSS alerta a la ciudadanía sobre una grave crisis institucional que ha derivado de la implementación apresurada del sistema informático ERP–SAP, el cual fue puesto en funcionamiento sin cumplir las condiciones técnicas mínimas requeridas.

Inclusive en estas fechas el caos persiste, los estados financieros están siendo comprometidos, hasta el momento no se han logrado consolidar inventarios, ni certificar las cargas iniciales del sistema, existen diferencias millonarias sin justificación técnica y no se ha podido realizar el primer cierre contable integral.

“Forzar cierres en estas condiciones implica el riesgo de emitir estados financieros poco confiables o falsos, con consecuencias legales y administrativas graves. Sumado a esto se han detectado problemas en inventarios de medicamentos, órdenes de producción que no pueden cerrarse, discrepancias entre registros del sistema y existencias físicas, y la necesidad de operar con controles manuales y sistemas paralelos arriesgando la trazabilidad, la seguridad sanitaria y el abastecimiento oportuno en los centros de salud”, detalló Martha Rodríguez, secretaria general adjunta de UNDECA.

El sistema se lanzó con datos incorrectos, cargas mal hechas, procesos incompletos y no se sabe con certeza cuántos inventarios hay, dónde están ni cuánto valen realmente. La contabilidad pública no es una formalidad, es afirmar con responsabilidad legal que los números reflejan la realidad financiera de la institución.

Esta decisión apresurada de aprobar y pagar un sistema que sólo su salida en vivo costó más de 2 millones de dólares ($2 millones) y que no cumple con los requisitos técnicos mínimos, podría constituir incumplimiento de deberes, falta de diligencia y eventual daño al interés público, lo cual exigimos una investigación administrativa y judicial independiente.

Lo peor de todo es que los responsables han querido achacar la culpa a las personas trabajadoras de la institución, quienes en realidad han sostenido la operación con sobrecarga laboral, controles manuales y esfuerzos extraordinarios para evitar daños mayores a los pacientes.

“En este sentido, UNDECA exige transparencia, investigaciones administrativas independientes que determinen las responsabilidades por acción u omisión, la toma de decisiones apresuradas, los pagos realizados y protección para las personas que han advertido los riesgos”.

Y no solo han sido una avalancha de errores, sino que, en lugar de informar con transparencia, ahora, pretenden mover cronogramas y minimizar fallas ya materializadas. Esto no es transparencia: es manejo político de una crisis técnica, trasladando el costo del error a las personas trabajadoras y a la ciudadanía usuaria.

¡Denunciar no es sabotear!
Es defender la Caja, los recursos públicos y el derecho a salud y pensiones dignas.

UNDECA y Unión Sindical de la CCSS defienden derecho de trabajadores a sus anualidades

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UNDECA y la Unión Sindical de la CCSS participaron hoy en una mesa de trabajo con las gerencias institucionales para analizar las implicaciones del voto de la Sala Constitucional N.º 2025-008201, que establece con absoluta claridad que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no está sujeta a la Ley de Salarios de la Administración Pública, sino que se rige por su propia normativa interna.

De acuerdo con esta resolución, las anualidades del personal de la CCSS deben calcularse conforme a su reglamentación institucional, y la Ley 9635 no tiene efecto alguno ni puede aplicarse a estos derechos laborales.

En este contexto, UNDECA y la Unión Sindical exigen que se devuelva a los trabajadores y trabajadoras el pago correspondiente a las anualidades según el porcentaje que establece la normativa de la Caja, tal y como corresponde a una institución autónoma.

Durante la reunión, la compañera Martha Elena Rodríguez González fue enfática al exigir una posición clara de la CCSS y una respuesta concreta sobre las acciones a tomar, recordando que la autonomía institucional le otorga plena capacidad para resolver sin interferencias del Poder Ejecutivo. Sin embargo, las gerencias no ofrecieron respuestas precisas ni compromisos reales frente a las demandas sindicales.

Para UNDECA y la Unión Sindical de la CCSS, es inaceptable que la institución continúe siendo intimidada o manipulada por el gobierno de Rodrigo Chaves, cuando su deber es ejercer su autonomía y defender los derechos de sus trabajadores y trabajadoras.

Compañeras y compañeros de la Caja: ¡Permanezcamos en alerta!
Defendamos nuestros derechos y no permitamos más afectaciones a nuestros salarios ni a la autonomía de la institución.

Miércoles 12 de noviembre de 2025

UNDECA llama a defender la CCSS y la democracia

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MOCIÓN DE APOYO Y PARTICIPACIÓN EN LAS JORNADAS NACIONALES DE DEFENSA DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL Y DE LA DEMOCRACIA COSTARRICENSE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE UNDECA

“Sí a la democracia, no a la dictadura – la Caja y el país se defienden con el pueblo”

Considerando:

  1. Que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) es una institución esencial del Estado social de derecho, creada por mandato del artículo 73 de la Constitución Política, cuya misión es garantizar la salud, la seguridad social y la justicia social del pueblo costarricense mediante un régimen solidario, universal y equitativo.
  2. Que la autonomía de la CCSS, su patrimonio institucional y su misión pública se encuentran hoy amenazados por decisiones administrativas, políticas y legislativas que atentan contra su estabilidad financiera, con una deuda del gobierno que supera 4.4 billones, su gobernanza tripartita y su independencia funcional.
  3. Que las investigaciones en curso sobre el denominado “Caso Barrenador”, los sobreprecios denunciados en contrataciones de servicios de salud y la aplicación distorsionada de la Leyes antiobreras que congelan los salarios y las pensiones de las personas trabajadoras y ponen en riesgo la transparencia, la ética y la probidad administrativa, así como el principio de eficiencia y legalidad en el uso de los recursos públicos.
  4. Que el movimiento sindical y social costarricense ha convocado a dos grandes jornadas de movilización ciudadana:
    • el 8 de noviembre de 2025, en defensa de la CCSS y su autonomía institucional, y
    • el 11 de noviembre de 2025, bajo el lema “Sí a la democracia, no a la dictadura”, en rechazo a todo intento de concentración del poder, autoritarismo y debilitamiento de las instituciones públicas.
  5. Que en el último cuatrienio se han manifestado tendencias autoritarias y de persecución institucional, con ataques a la libertad sindical, la libertad de prensa, la independencia de poderes y la autonomía de los entes públicos, lo cual constituye una amenaza directa a la democracia costarricense.
  6. Que la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA), fiel a su historia de lucha en defensa de la seguridad social y de las libertades democráticas, tiene la obligación moral, sindical y ciudadana de movilizarse para proteger la institucionalidad pública y el derecho de las y los trabajadores a participar en los destinos del país.

Por tanto, se acuerda:

Primero: Reafirmar el compromiso inquebrantable de UNDECA con la autonomía institucional de la CCSS, la transparencia en la gestión pública, la rendición de cuentas, la independencia de los poderes del Estado y la defensa de la democracia costarricense

Segundo. Manifestar el respaldo a las jornadas nacionales convocadas para los días 8 y 11 de noviembre de 2025, en defensa de la CCSS, la democracia y el Estado social de derecho, como expresión legítima de la soberanía popular y de la organización sindical costarricense.

Tercero: Autorizar y promover la participación activa, organizada y pacífica, conforme las posibilidades reales, en ambas movilizaciones, en cumplimiento del marco legal, del principio de libertad sindical y del derecho constitucional de manifestación.

Cuarto: Exigir al Gobierno de la República, al Consejo de Gobierno y a la Asamblea Legislativa el respeto irrestricto a la autonomía de la CCSS, el cese de toda forma de persecución política o sindical y la priorización del financiamiento estatal oportuno para la seguridad social.

Quinto: Expresar el rechazo firme a cualquier intento de autoritarismo o dictadura, reafirmando que el pueblo costarricense defenderá sus instituciones públicas, sus libertades y su derecho a la salud con unidad, organización y dignidad.

Sexto: Dar amplia divulgación a esta moción mediante su publicación en el boletín, redes sociales y medios de comunicación, como expresión del compromiso de UNDECA con la defensa del país, de la Caja y de la democracia.

“Sí a la democracia, no a la dictadura – la Caja y el país se defiende con el pueblo.”

San José, Costa Rica, noviembre de 2025
UNDECA – Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social