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El Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense, sección Salud, BUSSCO-Salud, presentó a las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS, denuncias y problemática general que aqueja a la institución en diferentes campos.

La reunión se realizó en el 7mo piso de oficinas centrales de la Caja este martes 8 de agosto, con representación de las más importantes organizaciones sindicales en la Caja y que forman parte del BUSSCO.

Entre los temas relevantes que el Movimiento Sindical presentó, está el relacionado a la problemática de las listas de espera, la privatización de servicios, necesidad de recurso humano, infraestructura y equipamiento. Además cuestionó la falta de transparencia, en la entrega de información, requerimientos éticos y participación ciudadana entre otros grandes temas que afectan a la Caja.

El documento fué presentado al Presidente Ejecutivo de la CCSS, Fernando Llorca Castro y a las gerencias médica, financiera y administrativa, esperando la atención y resolución oportuna de los diversos problemas.

El debate público con respecto a la reforma de pensiones de la Caja ha pasado por intrincadas situaciones de diversa naturaleza, acentuado los últimos días por las observaciones técnicas emitidas por la Organización Internacional de Trabajo (OIT) al estudio actuarial realizado por matemáticos de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Llama la atención, que para refutar el informe dichos académicos hayan dedicado su tiempo a atacar a la OIT y sus trabajos anteriores, en lugar de concentrarse en dar explicaciones claras a la población sobre los puntos señalados. Es importante indicar que se tornan totalmente irrelevantes los estudios anteriores, a la hora de analizar y confirmar los resultados del estudio actuarial de la Escuela de Matemáticas. Estas acciones, críticas y ataques a estudios anteriores parece ser nada más una cortina de humo para evitar enfrentarse a los cuestionamientos que se les hicieron.

Se torna pues, lamentable, la respuesta enviada a la prensa, por parte del equipo de académicos que realizó el estudio actuarial de la Caja. Inicialmente le achacan a la OIT no haber leído con detenimiento el informe actuarial realizado por ellos, pero a la hora de responder, su alegato se torna evasivo y ofensivo, pues la mitad del mismo se compone de ataques que buscan desacreditar a una Organización Internacional tripartita de gran renombre y experiencia en Seguridad Social, como cuando el señor Rodrigo Arias afirma, tendenciosamente, que:

“La OIT opina porque los sindicatos así lo pidieron, yo en mi situación personal si fuese empleado de la OIT no hubiera participado porque la organización tiene conflicto de interés, ya que en años pasados habían dado información errada sobre el régimen”
Sin embargo, el señor Arias fue el jefe del Departamento actuarial de la CCSS durante varios años, ¿no es acaso este un conflicto de intereses mayor? Por qué aceptó realizar el estudio actuarial si bajo sus propios argumentos, ¡él mismo debió rechazar la tarea! Pero no podemos dejar pasar esta afirmación sin aclarar la ofensa tan grande que de ella se desprende, puesto que la participación de la OIT en el proceso de negociación fue solicitada por todas las partes de la mesa de diálogo, y no por solicitud única de los sindicatos, como lo pretende hacer ver el señor Arias, con afirmaciones que encierran una malicia destructiva, que entorpece el proceso de análisis de su informe y a su vez el proceso de negociación.

Hay que indicar que la respuesta de los académicos fue evasiva, parte de la respuesta entregada por la UCR consiste en explicar la necesidad de utilizar la base completa de afiliados y no solo los cotizantes, haciendo creer falsamente que ésta fue una crítica de la OIT. Inclusive, los titulares presentaron la siguiente leyenda: “OIT olvidó a 1,3 millones de personas afiliadas al régimen de pensiones de la Caja”. Esto es muy lamentable, puesto que parece que los académicos no leyeron el informe técnico de la OIT, y procedieron a desviar la atención respondiendo y alegando sobre críticas absurdas que nunca formaron parte de la colección de observaciones que la OIT realizó. Si se lee la página 2 del informe, se presenta un diagrama que muestra el modelo que la OIT recomienda, y en donde se aprecian tres poblaciones: afiliados no cotizantes, afiliados cotizantes, y no afiliados. Se desprende entonces, que la OIT no olvidó 1,3 millones de personas afiliadas, sino que los técnicos de la UCR evadieron la respuesta de la sobreestimación de la población respondiendo críticas inexistentes, y sin comprender la totalidad de la nota técnica de la OIT.

Sin embargo, parte de la respuesta sí toca puntos que la OIT cuestionó, pero sin ser realmente una justificación válida, lo cual es inaceptable para “expertos” en este tema. Por ejemplo, en el informe, la OIT concluyó, a partir de la revisión del estudio, y según los datos presentados por el mismo equipo de académicos de la UCR, que el 118% de la generación de 1985, estaría afiliada al régimen de pensiones IVM, es decir, que de 83 mil personas nacidas en 1985, 98 mil se encontrarían afiliadas al IVM en el 2030, lo cual en principio suena ilógico. ¿De dónde aparecen esas 15 mil personas de más? El equipo de académicos de la UCR responde lo siguiente:
“En las comparaciones de cobertura con los nacimientos que hubo en algunos años, la OIT no toma en cuenta las variables que se mencionaron al principio de este resumen (migraciones, nuevas modalidades de pensión, no prescripción de cuotas, informalidad y posibilidad de acceder a más de una pensión). Esto muestra que la cantidad de afiliados no está limitada por la PEA.”

En ningún momento, dentro de la respuesta, se muestran los cálculos de las migraciones, nuevas pensiones por cambios en modalidad, ni cantidad de personas con más de una pensión, de manera que puedan justificar el número exagerado de pensionados con base en estas razones. Esto quiere decir que los académicos de la UCR están intentando justificar una población de jubilados muy superior a la posible, a partir de excusas que ni siquiera se aproximan a la realidad.

Analicemos esto en números: la OIT está observando que, de una generación de 83.000 personas nacidas en 1985, existirán alrededor de 98.000 personas afiliadas al IVM, es decir, que hayan pagado al menos una cuota a dicho régimen. Si partimos de que el 100% de esta generación trabaja (algo que es imposible ya que siempre hay personas desempleadas, o que no desean laborar, o con algún tipo de invalidez que les impide trabajar) y que en algún momento pagó al menos una cuota a la CCSS (por lo que se vuelven afiliados), entonces tendríamos 83 mil personas nacidas en 1985 y afiliadas al IVM. Resta por justificar 15 mil personas que corresponden al 18% excedente de dicha generación. Tomando como correcta la explicación del equipo de la UCR, estos 15 mil afiliados deberían ser explicados por inmigración o personas con más de un tipo de pensión. Si sumamos todos los inmigrantes (con datos de la CELADE) desde 1985 hasta el 2030 (proyecciones del 2015-2030), contamos con alrededor de 4 mil personas inmigrantes nacidas en 1985. Haciendo una simple resta, nos quedan 11 mil personas por justificar. De ser válida la explicación de los académicos de la UCR, deberíamos considerar que en el 2030 habrá 11 mil personas (nacidas en 1985) con más de un tipo de pensión. Esto es totalmente incoherente con la realidad nacional, especialmente si consideramos que al 2015 (año del estudio), si sumamos todas las personas con más de una pensión, sin importar el año en que nacieron, se totalizan cerca de 7 mil personas, siendo imposible que dicha cantidad se duplique en 15 años solo para los nacidos en 1985. Se tornaría risible la respuesta esgrimida por los académicos, sino fuera porque la situación es muy preocupante.

La respuesta dada por los académicos deja entrever un muy preocupante desconocimiento sobre los temas base para la adecuada realización del estudio, como lo es el régimen en cuestión. Así, por ejemplo, dentro de la respuesta enviada a la prensa, donde buscaban justificar estos números, se lee el testimonio del señor Alexander Ramírez donde dice:

“Yo tengo un amigo que trabajó en la UCR dos años, él cotizo para la Caja esos dos años y luego salió del país, pero volvió por tres años más, ahora vive en el extranjero, él tiene derecho a pensión y él debe estar contemplado como un posible futuro pensionado y hay que considerarlos en las estadísticas”.
A este testimonio es necesario hacer dos observaciones, en primer lugar, ninguna persona que tiene 5 años de cotizar, es sujeto a derecho de pensión, pues requiere mínimo 15 años de cotizaciones para acceder a dicho derecho, un asunto elemental que no puede desconocer el académico, en segundo lugar, existen otros casos de costarricenses que cotizan y nunca se llegan a pensionar del IVM, ya sea porque viven en el extranjero, o porque se jubilan de regímenes alternativos, tales como al Sistema de Pensiones del Magisterio Nacional o en el Poder Judicial.

Es claro, que esto no es una explicación razonable, ni siquiera técnica, para los cuestionamientos válidos que ha presentado la OIT, por lo que en aras de la transparencia y certeza técnica solicitamos que se nos entreguen las hojas de cálculo que se utilizaron para la realización de este estudio actuarial, de manera que nuestros asesores los puedan analizar, estudiar, y verificar su validez o rechazar su aplicación.

Siendo que la respuesta parece ser una simple opinión, pedimos que el equipo técnico, encargado del estudio actuarial, realice una respuesta minuciosa con números y cálculos que demuestren y justifiquen la rigurosidad y legitimidad técnica de su modelo, en virtud de la importancia que tiene para la sociedad costarricense el derecho humano a jubilación con dignidad.

Martha Elena Rodríguez González
Titular Mesa de Diálogo Social de pensiones- sector sindical

Los integrantes de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, con una actitud intransigente y posición fundamentalista contra la clase trabajadora, impusieron un fraudulento aumento del 1% a los trabajadores asalariados, independientes y voluntarios, cuyo acuerdo responde a móviles espurios, que carecen de la menor justificación técnica, ahora demostrado por la misma Organización Internacional del Trabajo, OIT.

Si bien es cierto en 1947, la distribución de la carga fue de 2.5% para cada sector, es decir igualitaria y tripartita, en 1974, la contribución del Estado se disminuyó tan solo a un simbólico 0,25% y trasladó la diferencia al sector patronal, incrementándose a 4.75%. Pero desde el 2009, por un lado, la distribución relativa de la carga patronal sistemáticamente ha sido disminuida, generando un mayor peso a los trabajadores y por otro lado, la acumulación de ganancias a costa de la explotación de la clase obrera ha crecido exponencialmente, incluso a merced de la violación sistemática de los derechos mínimos de ley que establece el Código de Trabajo.

Los directivos que representan religiosamente los intereses patronales han defendido este aumento exclusivo contra los y las trabajadoras, lamentablemente con el apoyo incondicional de José Luis Loría y Mayra Soto, en teoría representantes del sector laboral, aunque evidentemente no responden a los sectores que los nombraron y mucho menos a los intereses de los y las trabajadoras, que ya el sector solidarista, no así el cooperativo, se pronunció contra estos gravísimos agravios cometidos contra el pueblo trabajador.

El 3 de mayo del año en curso, de manera responsable, el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense, BUSSCO y la Confederación Rerum Novarum, CTRN, en atención a los supremos intereses de clase que consecuentemente representamos, iniciamos nuestra intervención en la Mesa de Diálogo, defendiendo la importancia de un proceso participativo, transparente, con la participación de otras voces representativas de la sociedad como la Defensoría de los Habitantes, el Instituto Nacional de las Mujeres, la Iglesia Católica y la misma Organización Internacional del Trabajo.

A pesar de nuestros justificados planteamientos para que la Junta Directiva de la Caja brinde cuentas, rendición a la que constitucionalmente está obligada, en razón de las graves denuncias de orden financiero, moral y ético, no ha sido posible que la ciudadanía obtenga explicaciones satisfactorias a estos serios cuestionamientos y mucho menos a consultas realizadas durante las sesiones de trabajo. Si se quiere “ordenar la casa”, generar confianza, credibilidad y transparencia, estos requerimientos constituyen una premisa esencial, cuya negativa institucional ha constituido un obstáculo al eficiente desempeño de la Mesa.

La agresiva e incisiva reforma impulsada por el sector empresarial y sus adláteres en la Junta Directiva, que demanda el aumento de la edad a 70 años, disminuir las pensiones a sumas ridículas, aumentos descomunales de las contribuciones de los trabajadores, nuevos rebajos a los montos de las pensiones de los jubilados, entre otros despropósitos más, están basados en criterios políticos, en estudios plagados de subjetividades y deficiencias metodológicas elementales que no resisten la menor crítica.

Desde que se inició el accidentado proceso de diálogo, los sindicatos asumimos seriamente el compromiso y nos mantenemos en la Mesa, a diferencias de otros que convenientemente ven los toros desde la barrera, planteamos la necesidad de certificar o validar el estudio realizado por los académicos de la Universidad de Costa Rica. Lamentablemente, nos encontramos con la misma resistencia y opacidad persistente de las autoridades de la Caja, que han hecho hasta lo imposible por ocultar esta información.

A raíz de esta conducta reprochable de las autoridades de la Caja, la Mesa de Diálogo acordó solicitar dos notas técnicas a la Organización Internacional del Trabajo: una visión de la reforma de pensiones en Costa Rica y un análisis del estudio actuarial de la UCR, que por cierto este estudio ha sido el estandarte de campaña del jerarca de pensiones de la Caja y el sector empresarial, con el que han pretendido consumar la contrareforma de la seguridad social.

La OIT advirtió en la nota entregada y durante la presentación a la Mesa, graves deficiencias metodológicas en el estudio de la UCR, que desvirtúan totalmente sus resultados, viciado de graves gazapos, porque no diferenció entre cotizantes activos y pasivos, sobreestimó el número de cotizantes (1.204.116 más según la propia Caja) y en consecuencia, infló la cantidad de personas con derecho a pensión. Además, se sobreestimó la formalización del empleo y se cuestionó la fórmula de cálculo para el monto de la pensión: “es como si los salarios de Costa Rica, fueran trasladados para financiar pensiones de Noruega.” La Nota Técnica de OIT no dejó en dicho estudio piedra sobre piedra que no fuera derribada.

Cualquier intento de reforma, sin rendir de previo cuentas a los trabajadores de los fiascos financieros, desaciertos y abundantes cuestionamientos de la gestión, se convierte en un “acto de fe”, sin rigurosidad técnica y legitimidad social, que no existe la menor duda que se están anteponiendo los intereses mezquinos de un reducido sector sobre los intereses de la gran mayoría de nuestro pueblo trabajador.

Martha Elena Rodríguez González
Titular por BUSSCO en la Mesa de Diálogo de IVM
Secretaria General Adjunta UNDECA

Representantes del Frente de Organizaciones Gremiales del Poder Judicial, se reunieron la mañana de este lunes 24 de julio con la Comisión Política del Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense, BUSSCO, con el fin de exponer la situación de la huelga indefinida en el Poder Judicial.

Fredy Solórzano de la Asociación Nacional de Empleados Judiciales, ANEJUD, y Roberto Montero de la Asociación Costarricense de Defensa Pública, ambos miembros del Frente, espusieron la situación de la huelga en defensa de las pensiones que llevan a cabo desde el 19 de julio.

“Ahora entendemos bien la grtan manipulación poliquera electoral que hay alrededor del tema de pensiones en todo el sector público, entendemos la necesidad de unirnos, de ser solidadarios, por eso estamos aquí; primero para agradecer las muestras de solidaridad mostrada hasta ahora.”, dijo Roberto Montero.

“Esta ha sido una lección que hemos aprendido, las luchas de nuestro pueblo son justas y debemos ser solidarios cuando alguien nos necesita, por que nunca sabemos cuando nos tocan y necesitamos de la mano solidaria de nuestros hermanos, somos clase trabajadora y debemos unirnos.”, agregó el dirigente Fredy Solórzano.

Por su parte Luis Chavarría Vega, secretario general de UNDECA y coordinador del BUSSCO, reiteró el apoyo incondicional del Bloque a la huelga de los y las trabajadoras del Poder Judicial, “ahora en el Plenario del BUSSCO presentaremos esta situación y estoy seguro de que la solidaridad real, junto a ustedes, no se hará esperar, esta lucha es de la clase trabajadora contra quienes pretenden arrebatarle a los trabajadores y las trabajadoras, todos sus derechos. Debemos unirnos y luchar juntos.”