Autor: manager

UNDECA respalda las acciones de la compañera Martha Rodríguez González, contra el acuerdo 2°de la sesión N° 9464, celebrada el día sábado 6 de julio 2024 donde directivos de la CCSS acuerdan la adjudicación de la licitación Nº2023-LY-000002-0001101142 “LICITACIÓN MAYOR PRESTACIÓN SERVICIOS DE SALUD POR TERCEROS”, de 10 Áreas de Salud a Cooperativas y a la ASOCIACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS COSTARRICENSES (ASEMECO Clínica Bíblica) por los próximos 10 años.

En UNDECA aprobamos públicamente esa acción y Recurso de Revisión al considerar una literal barbaridad, que dejándose de lado criterios técnicos institucionales que no recomendaban la oferta de las Cooperativas, por excesiva, se haya tomado ese acuerdo comprometiendo las finanzas de la Institución.

Es deplorable y así lo denunciamos, que con ese tipo de acuerdos se favorezca descaradamente la privatización y el enriquecimiento de grupos y empresarios neoliberales que solo buscan mercantilizar la seguridad social y los servicios de salud de la CCSS.

No podemos callar que los directivos que aprobaron este acuerdo en tiempo récord y con la menor publicidad para no dejar evidencias, son absolutamente responsables de adjudicar en términos excesivos, diríamos nosotros exorbitantes, pues la oferta económica de las cooperativas se incrementó en un 60% más que la actual contratación. 

Son muchos millones (50.282 millones anuales) en contraste con los 29.200 millones que actualmente se pagan por año… Entonces, aquí es donde llamamos a la reflexión y cuestionamos vehementemente el accionar de esos directivos pues nos preguntamos: ¿Cuáles son los criterios válidos para que la CCSS no brinde esos servicios por cuenta propia y no privatizando?  ¿O es acaso falso y una rotunda mentira, el cacareado discurso de Marta Esquivel presidenta ejecutiva de la Institución y propio presidente Rodrigo Chaves, de que la CCSS no tiene recursos y está quebrada?

Los costarricenses debemos cuestionarnos y pedir explicaciones. Algo en esta historia no concuerda. La matemática no se equivoca pues de ser cierto de que la CCSS esta quebrada, de dónde sacarán el dinero para pagar en 10 años casi el tripe de los costos actuales. Que, por cierto, bien podría financiar la construcción del hospital de Golfito o de Limón, o acabar de forma definitiva con las listas de espera.

Bien por nuestra representante Martha E. Rodríguez González que alza la voz y pide una revisión de este espurio acuerdo. El accionar de esos directivos disque “representantes del pueblo” debe investigarse e ir más allá, por su contradictoria actuación y posible conflicto de intereses.

Condenamos la injerencia política del gobierno, sus continuas amenazas y presiones para que miembros de la Junta Directiva de la Caja que se opongan a sus interese se vean obligados a presentar sus renuncias y así ello seguir la línea neoliberal para debilitar, destruir y privatizar a la C.C.S.S.

Luis Chavarría Vega
Secretario General UNDECA

10 de julio, 2024.

Informes técnicos no recomendaron la contratación de 10 Áreas de Salud

El Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO) apoya contundentemente la acción de la representante del sector sindical en la Junta Directiva de la CCSS, Martha Elena Rodríguez González, quien presentó el 9 de julio ante la Junta Directiva de la Caja, FORMAL  RECURSO DE REVISIÓN contra el Acuerdo 2°, de la sesión N° 9464 , celebrada el día sábado 6 de julio 2024 que corresponde a la Adjudicación de la Licitación Nº2023-LY-000002-0001101142 “LICITACIÓN MAYOR  PRESTACIÓN SERVICIOS DE SALUD POR TERCEROS”, que adjudicó 10 áreas de salud a diferentes Cooperativas y ASEMECO (Clínica Bíblica) por 10 años.

En marzo de 2023 (Sesión N° 9320) la Junta Directiva extendió la contratación directa por 18 meses de los servicios a las Cooperativas y ASEMECO y le ordenó a la Gerencia Médica y a la Gerencia de Logística ANULAR EL PROCESO DE LICITACIÓN No. 2021LN00034-0001101142, para elaborar un nuevo cartel que “no se impongan a terceros las rigideces institucionales”.

La directiva argumentó una Nulidad Absoluta del acuerdo, entre otros, porque:

Desde el 8 de mayo del 2024, la Junta de Adquisiciones de la Caja, competente en materia de Licitaciones, había dispuesto en el SICOP (Sistema de Compras públicas del Estado) que este concurso era infructuoso por sobreprecios. La Junta Directiva decidió que asumiría la decisión final.

En solo 3 días se adjudicó. El jueves 4 de julio la Junta acordó nombrar un nuevo equipo técnico intergerencial, un día después, se presentó una opinión de una sola funcionaria, que no era la competente que recomendó la adjudicación. El día siguiente, la Junta Directiva, se apartó de todos los criterios técnicos calificados que reiteraban que los precios estaban muy por encima del costo institucional, en algunos casos hasta lo duplicaban, y adjudicó la contratación en firme.

Este acuerdo, tomado con la ausencia de toda la representación laboral, contó con el voto de una representante del Gobierno, que a la vez es integrante del directorio del Consejo Nacional de Cooperativas, con participación reiterada en el tema, que compromete la imparcialidad y puede configurarse un conflicto de intereses.

En aras de la sana administración pública, los principios de probidad y transparencia este acuerdo de adjudicación debe ser revocado y anulado y desde el BUSSCO respaldamos la acción de la compañera Rodríguez, que es la representante designada por el movimiento sindical para atender los temas de esta importante Institución.

Una de las consignas recurrentes de la efeméride de hoy, fue la eliminación de la política de congelamiento de los salarios de las y los funcionarios públicos.

Esta política se instrumentalizó en la Ley de Ajuste Fiscal, Nº 9635 y la Ley Frankenstein, Nº 10159, mal llamada Ley Marco de Empleo Público.

El congelamiento de las remuneraciones se constituyó en una política de Estado, una herramienta de política fiscal, impuesta por OCDE, FMI, BM.

Esta política y las leyes que la sostienen, son manifiestamente contrarias a nuestro derruido ordenamiento jurídico.

1.- En primer lugar, violenta instrumentos internacionales de DDHH.

Entre otros instrumentos, esa política de austeridad vulnera el Convenio Nº 98 OIT, acerca de la Libertad Sindical y negociación colectiva.

Este convenio está ratificado por CR, que, por tanto, tiene un rango normativo superior a aquellas ignominiosas leyes ordinarias que mantienen estancados los salarios.

2.- Es necesario destacar que los órganos de control de OIT han determinado, de manera reiterada, que las restricciones legislativas de la negociación colectiva de los salarios, en el marco de una política de estabilización económica, cuando se justifican, deben ser excepcionales, absolutamente necesarias, limitarse a lo estrictamente necesario, las cuales no pueden exceder un periodo razonable.

Los pronunciamientos determinan que un periodo de congelamiento de 3 años, puede ser un plazo demasiado largo.

En la Suiza Centroamericana, esas restricciones ya tienen más de cinco años, que no es menor cosa la grosera devaluación que han sufrido las remuneraciones en este excesivo período.

Ya es un sacrificio que se ha vuelto inasumible.

3.- Además, los pronunciamientos determinaron que esas restricciones, cuando se justifican, deben acompañarse de garantías adecuadas que protejan el nivel de vida de los trabajadores.

Por contrario, el nivel de vida de los trabajadores del país, en dicho periodo, ha experimentado una caída libre, sin ningún tipo de garantía de mitigación, un salto al vacío.

4.- No es menos importante señalar que ya existe un pronunciamiento del Comité de Libertad Sindical/OIT (1985), precisamente contra el Gobierno de CR, que preceptuó que la política de restricción de negociación salarial y ajuste de salarios quebranta el C. 98 OIT.

Es decir, ya existe una “condena” internacional contra el Estado de CR, que data del siglo pasado; la cual, por cierto, nadie recuerda.

5.- No se puede tampoco olvidar que existe un precedente muy importante de la Sala Constitucional de Corte Suprema de Justicia, que resolvió que el congelamiento de las remuneraciones solo puede ser temporal, por un plazo definido, claramente determinado.

Esta posición del Tribunal Constitucional la comparte la Procuraduría General de la República, nada sospecha de ser simpatizante de los sindicatos.

6.- Por último, pero no menos importante, la Opinión Consultiva de CORTE IDH 27-21, que ya cumple 3 años, concluyó que los Estados, en contexto de crisis fiscal, deben privilegiar la negociación colectiva, en lugar de promulgar leyes que limiten los salarios de los funcionarios públicos; leyes de corte draconiano, como las que se impusieron en la tristemente célebre Administración Alvarado Quesada.

Valga resaltar que un recientísimo pronunciamiento de la abogacía del mismo Estado, la PGR, definió que esa opinión consultiva es vinculante y que todas las autoridades administrativas y judiciales están obligadas a aplicarla.

Entonces emerge aquella pregunta que se hacía Lenin a principio de 1901: ¿Qué hacer?

¡Nos sobra mucho mes al final del sueldo!

No hay que esperar que los ángeles suenen la trompeta, anunciando el retorno glorioso del Jesús Cristo, que nadie sabe el día, ni la hora, para que cese, de una vez por todas, esa política extrema de devaluación salarial.

Existen poderosos recursos legales, nacionales e internacionales, para quebrar esa política de contención salarial, que en nada contribuirá a la reactivación económica, y por contrario, agudizará y profundizará aún más la crisis.

Manuel Hernández
Asesor Legal de UNDECA