¡56.000 TRABAJADORES EN DEFENSA DEL PAGO BISEMANAL!

La década de los ochenta estuvo marcada por agresivas políticas de austeridad y congelamiento salarial, por lo cual, en 1986, UNDECA presentó un Conflicto Colectivo de Carácter Económico Social, en procura de obtener mejores condiciones laborales para los trabajadores, que fue rechazado airadamente por la jerarquía de la Caja.

Los valerosos trabajadores se vieron obligados a realizar fuertes y combativas huelgas, manifestaciones y marchas, se enfrentaron a la represión patronal y a los contingentes policiales en varios centros de salud, llegando incluso a encadenarse al Teatro Nacional para mejorar su calidad de vida.

Se recogieron 15.000 firmas, el 75% de los trabajadores de la Caja en todo el país, para presentar el Laudo Arbitral a los tribunales de trabajo, que fue elaborado y defendido por el Lic. Manuel Hernández.

El Tribunal Superior de Trabajo, el 14 de setiembre de 1988, resolvió a favor de los trabajadores un centenar de cláusulas como días de descanso semanal, licencias, días libres, anualidades, cambios de turno, estabilidad laboral y por supuesto el pago bisemanal.

Sobre el particular, el Tribunal Superior de Trabajo, señaló respecto al pago bisemanal: “El Tribunal reconoce que se trata de un aumento anual de salarios equivalente a un 8.33% de incremento, porque deben pagarse 52 semanas en lugar de 48. (…)”

El 14 de setiembre de 2018, en plena huelga contra el combo fiscal, se cumplieron 30 años de disfrutar de los beneficios del Laudo Arbitral, hoy Normativa de Relaciones Laborales, que permite que la espera entre pago y pago sea más corta, asimismo, conocer el día exacto de pago, de viernes por medio, porque con el pago mensual, con adelanto quincenal, se pueden acumular hasta 18 días.

Queda claro que el móvil malsano de los partidos políticos, PLN, PUSC y PAC fue ultrajar y perjudicar a los trabajadores de la Caja, que cada día velan, con gran mística, por la salud y el bienestar de 5 millones de costarricenses.

¡Nuevo ataque a trabajadores de la CCSS!

Una vez más el gobierno Piza Alvarado, en forma unilateral y arbitraria, publica el Decreto Ejecutivo N° 41564-MIDEPLAN-H, Reglamentando, exclusivamente, el Titulo III, Ordenamiento del sistema remunerativo y del auxilio de cesantía para el sector público, Ley 9635, conocida como Combo Fiscal, suscrito por la Ministra de Hacienda, Rocio Aguilar Montoya y otros.

Mientras las organizaciones eran convocadas a reuniones para supuestamente analizar los alcances de un eventual reglamento, el mismo ya se había “cocinado con salvaje desenfreno” en los pasillos de la gran casa de gobierno, burlando la buena fe de las y los trabajadores, que mantenían la esperanza de un diálogo productivo, tanto con la Ministra de Planificación como el Presidente Ejecutivo.

Conociendo el comportamiento de los políticos de siempre, ahora en el gobierno del cambio, no debería ser una sorpresa, es el autoritarismo o la bufonería, la falta de ética, seriedad y transparencia lo que ha privado en las relaciones con varios personeros de gobierno.

Ahora, con mayor razón, demandamos a las autoridades de la Caja la instalación inmediata de una mesa para debatir y resolver todos aquellos aspectos de interpretación, de aplicación de los derechos adquiridos y las situaciones jurídicas consolidadas, entre otros, en resguardo de una vida laboral con dignidad en la Caja Costarricense de Seguro Social.

UNDECA seguirá informando y consultando a las personas trabajadoras de la Institución, a lo largo y ancho del país, las consecuencias para el trabajador y sus familias, así como las medidas que se acuerden en defensa de los derechos de las personas trabajadoras.

Este viernes, 15 de febrero del año en curso, mantendremos una reunión con la Presidencia Ejecutiva para ver estos aspectos, determinar la voluntad real de las jerarquías institucionales o el llamado a las acciones que corresponda.

¡UNDECA en defensa de la clase trabajadora!

¡Por nuestros derechos salariales y laborales!

La ley 9635 aprobada por los diputados del PLN; PUSC y PAC, decretos y otras acciones del gobierno, tendrán consecuencias para los ciudadanos y para la clase trabajadora, afectando las transferencias y el financiamiento de los programas de asistencia social y en lo inmediato significará más pobreza, desempleo y mayor desigualdad social.

La publicación de disposiciones arbitrarias por parte de las gerencias, que amenazan con reducir la cesantía de 20 a 8 años, impone que la anualidad para TODOS los profesionales será del 1.94% y para los demás trabajadores un 2.54%, disminuye la dedicación exclusiva, prohibición, carrera profesional; dejando para otra circular: la evaluación del desempeño, la eliminación del salario bisemanal y el congelamiento de otros componentes e incentivos que se pagan a los diferentes grupos ocupacionales.

Nuestras organizaciones hemos realizado esfuerzos para abrir mesas de negociación resolutivas, encontrando un discurso de diálogo que no es congruente con las acciones de las jerarquías institucionales, que se niegan reiteradamente, a escuchar las legítimas demandas de la clase trabajadora de la Caja.

Por eso hacemos un firme llamado a los profesionales en ciencias médicas, profesionales administrativos, tecnólogos, enfermería y todo el resto del calificado personal de la Caja, para que nos preparemos para las acciones y manifestaciones que convocaremos en los próximos días, en defensa de los derechos conquistados con gran sacrificio social.

Hagamos valer la gran labor que realizamos cada día y nuestro derecho a dignidad laboral y calidad de vida para nuestras familias.

¡¡¡COMPAÑEROS PREPARADOS PARA LA HUELGA!!!

UNDECA, UNIÓN MEDICA, SIPROCIMECA, SINAME, ANPE, SINASASS, SINAE

¿Caja comprará servicios a evasores al Fisco?

Con “bombos y platillos” las altas autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS, anuncian, una vez más, que comprará servicios privados de radioterapia a una empresa que aparece en la lista de evasores de impuestos.

Hace 15 años se suscitaron denuncias por presunta corrupción en contrataciones a Radioterapia Irazú que obligaron a intervenir el servicio. En el 2015 el Cobrador de la Caja había denunciado que Radioterapia Irazú (ahora Siglo XXI) adeudaba 233 millones de colones a la Seguridad Social, debería las autoridades informar a la opinión pública si canceló la millonaria suma, a pesar del cambio en su razón social.

Durante la intervención la Caja se había comprometido a adquirir los aceleradores lineales necesarios más tardar en el año 2013, con lo cual ya no tendrían que comprar más servicios privados, porque se demostró que la Caja pagaba 3 veces más que el costo en la institución.

UNDECA lamenta que la Caja no haya cumplido su compromiso con los pacientes con cáncer, una patología que cada año afecta a muchas familias en el país, y nuevamente, se contrate a la misma empresa cuestionada.

Demandamos el control, la fiscalización y la evaluación rigurosa de ese contrato y que se informe a la ciudadanía, con transparencia, la fecha exacta en que se comprarán los aceleradores lineales necesarios, porque con lo que se pagó en años pasados, servicios privados de radioterapia. se hubiesen comprado todos los necesarios.

Exigimos transparencia y estaremos vigilantes de que se brinden los servicios con calidad y oportunidad.

UNDECA demanda determinar y sancionar a responsables del abandono de los servicios en la Caja


CCSS tiene responsabilidad solidaria con trabajadores.

La empresa de Seguridad y Limpieza Yale S.A., ha informado el cese inmediato de la empresa y el abandono del contrato de servicios de la CCSS porque los trabajadores, por no pagarles el aguinaldo, presentaron “denuncias ante el Ministerio de Trabajo”.

Autoridades de la CCSS ha venido contratando a empresas privadas, con mecanismos poco transparentes e incumpliendo las políticas institucionales, leyes específicas en contratación administrativa y control interno, para favorecer la privatización, pese a las reiteradas advertencias de los riesgos de ese tipo de contrataciones en esta institución de seguridad social.

Consideramos que debe determinarse la responsabilidad de funcionarios de la Gerencia Administrativa y sus dependencias, en virtud de que puede existir un nexo de responsabilidad de la Caja que trasciende a esta empresa, evidentemente insolvente, que elude todas las obligaciones y derechos laborales de esos trabajadores, entre ellos el aguinaldo, prestaciones y otras indemnizaciones.

Debe investigarse, si esas empresas son simples “intermediarios” dado que las tareas realizadas por el contratante son iguales a las que realizan los trabajadores de la Caja, supuestamente son contratados pero aparentemente reciben instrucciones de funcionarios del centro, configurando relaciones de subordinación.

El artículo 3 del Código de Trabajo, señala que el intermediario “…quedará obligado solidariamente por la gestión de aquél para los efectos legales que se deriven del presente Código, de sus Reglamentos y de las disposiciones de previsión social.”

La Política de la CCSS para la contratación privada acordada por la Junta Directiva establece los mecanismos que debe utilizar la administración para garantizar el control, fiscalización y evaluación contractual, y en el punto 2 establece que: “deberá cumplir con la obligación de exigir al proveedor o contratista estar al día en el cumplimiento con sus obligaciones a la seguridad social; así como el estricto respeto de los derechos y garantías laborales con sus trabajadores, y la no imposición de condiciones de empleo precarias.”

UNDECA demanda la creación de las plazas necesarias para asumir, como corresponde, esos servicios para no exponer a los ciudadanos y trabajadores a la delincuencia o riesgos en la salud. Asimismo exige al Ministerio de Trabajo y a la CCSS garantizar los derechos laborales a estos trabajadores y tomar las acciones correspondientes contra la empresa en resguardo de los intereses de la seguridad social.

¡UNDECA exige justicia para las familias!

UNDECA ante Comisión Legislativa

El llamado “Proyecto de Ley para brindar seguridad jurídica sobre huelga y sus procedimientos”, propuesto por el diputado del Partido Liberación Nacional, Carlos Ricardo Benavides, busca limitar el derecho a la huelga a la clase trabajadora.

En breve declaraciones y argumentos de Martha Rodríguez González, secretaria general adjunta y Luis Chavarría Vega, secretario general, para referirse al contenido del proyecto de ley que para UNDECA es una propuesta que quebranta la autonomía sindical, particularmente la autonomía estatutaria amparada en el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sobre libertad sindical y protección del derecho a la huelga.