Categoría: Comunicados

En los últimos meses grupos de derecha han venido cuestionando el salario escolar, una gran lucha de los trabajadores sindicalizados del sector público, que mediante una negociación con el gobierno se publica el Decreto 23907-H, que crea el salario escolar, que consistió en un aumento de salario que se paga forma acumulativa en el mes de enero de cada año.

El acumulado es utilizado por las familias para sufragar los gastos de inicio del periodo lectivo (compra de útiles escolares, uniformes, libros etc.), una especie de complemento de salvamento a las finanzas familiares.

En el marco de la Comisión de Salarios del Sector Público, en el 2015, negociamos el incremento gradual desde el 8,19 a 8,33%, mediante Decreto Nº39202-MTSS-H, del 1º de setiembre del 2015. Precisamente este año corresponde pagar el acumulado correspondiente al 8.33% retenido para pago diferido en enero 2019.

Que tenga carácter salarial, es muy importante pues de ser incentivo o bono, podría ser eliminado en cualquier momento, y si bien, como salario que es, está sujeto a las deducciones de ley como cuotas obrero-patronales, deducciones de cooperativas, fondos de ahorro, sindicatos, asociaciones solidaristas, también se toma en cuenta para el cálculo de aguinaldo, cesantía, Fondo de Capitalización Laboral, cálculo de la pensión del régimen de IVM, cálculo de la pensión complementaria, capital de retiro y subsidio por incapacidad.

El salario escolar está exento del impuesto de la renta porque la Ley N.º 8665, aprobada por la Asamblea Legislativa aprobó exonerar del pago del impuesto de la renta, el monto total que reciben, por concepto de salario escolar, los trabajadores.

La CCSS pagará esta semana el rubro correspondiente, por lo cual si tiene dudas comuníquese a UNDECA, donde brindaremos asesoría gratuita a toda nuestra afiliación. Adicionalmente UNDECA les llama a mantenerse alerta en defensa de nuestro salario escolar y el futuro de nuestras familias.

¡UNDECA en defensa de la clase trabajadora!__

14 de enero 2019

¡Las cadenas de los poderosos nunca podrán encadenar tu mente, tus ideales, tus derechos, tu lucha!

Compañeros y compañeras de la CCSS:

Nuestro país ha atravesado momentos económicos difíciles. La crisis de hoy no solo es histórica sino novedosa, por ser una crisis de orden eminentemente moral, ético. Desde la década del 2000, en el gobierno liberacionista de Oscar Arias se inició una campaña sistemática contra el pueblo costarricense, en particular contra los y las trabajadoras, cuando ofrecieron 500.000 nuevos empleos, cambiar la bicicleta por una moto BMW y el auto Hyundai por un Mercedes Benz; también mejores salarios, vida digna y prosperidad, si a cambio se aprobaba el TLC con Estados Unidos.

Doce años después la realidad desmiente totalmente las supuestas bondades del TLC, al menos para el pueblo, porque probablemente los altos jerarcas, exportadores y algunos lacayos políticos, sí consiguieron mejores ingresos, contrario a más de un millón de costarricenses que viven en la miseria y la exclusión, logrando nuestro país el deshonroso noveno puesto como país más desigual del mundo.

Nuevamente en su afán de proteger las élites político económicas, el gobierno Piza-Alvarado utilizó las mismas mentiras y artificios para convencer a la población de que la solución a todos los males, que ellos mismos crearon, es eliminar derechos laborales y sociales con la reciente aprobación de la Ley 9635 (proyecto 20.580), sin embargo, la realidad es que este nuevo golpe neoliberal traerá más crisis financiera, institucional y social para la mayoría de nuestra sociedad.

Los “daños colaterales” los sufrirá entre otros, la seguridad social, un componente esencial y constitutivo del Estado Social de Derecho y de la democracia costarricense que sufrirá un enorme y desafortunado retroceso, porque su lógica de mercado profundiza la mercantilización del derecho a la salud, la privatización y el deterioro de los servicios que presta la CCCSS.

Esta perniciosa ley, aprobada con el contubernio de los partidos políticos, PLN, PAC y PUSC y jerarcas de algunas instituciones, incluida la misma Sala Constitucional, no solo quebranta derechos laborales conquistados por generaciones de costarricenses menoscabando el derecho al trabajo digno, sino que la reducción en los ingresos tendrá un impacto sobre todos los pequeños empresarios que producen o dan servicios en el mercado nacional.

Los más altos jerarcas institucionales se apresuraron a publicar, dóciles y sumisos, – sin que se haya reglamentado aún la ley – el articulado más nocivo para la clase trabajadora de la CCSS.

UNDECA, no solo dio una férrea y combativa lucha contra el combo fiscal, también desde el año anterior exigió los espacios institucionales para el análisis y la defensa de los intereses de la clase trabajadora de la Caja, estaremos informando los resultados de nuestras gestiones y llamamos a mantenerse alertas para defender nuestros derechos laborales y sociales.

San José, 11 de enero 2019

Tal y como lo denunciáramos ante la opinión pública y pueblo costarricense, en múltiples escenarios, UNDECA y BUSSCO dejaron el claro lo que una vez aprobado el proyecto 20580, fue un hecho: La situación fiscal del país fue y es producto de las acciones irresponsables y premeditadas de los últimos gobiernos de turno del PLN, PUSC y PAC, de actuar como facilitadores de la evasión y elusión por parte grandes empresas, muchas de ellas propiedad de altos políticos o “amigos”.

El gran movimiento patriótico de huelga contra el combo fiscal, donde miles de costarricenses dejamos en claro nuestro rotundo rechazo a las políticas fiscales y de empleo público neoliberales, no fue suficiente para que el actual gobierno PIZA-ALVARADO, declinara en su intención de endosarle a los trabajadores y pueblo costarricense, una “crisis fiscal” provocada por ellos mismos y sus antecesores corruptos, que han encubierto el accionar delictivo de estas empresas evasoras.

Hoy vemos como ya el gobierno de turno ni se inmuta, al hacerse pública una extensa lista de grandes empresas que reportan en los últimos diez años, cero ganancias, como la más vil de las burlas contra el pueblo costarricense. Son poderosas empresas y muchos conocidos políticos dueños de ellas, que mienten para evadir su responsabilidad tributaria y fiscal, sumiendo al país en una grave situación económica.

En UNDECA y BUSSCO no declinamos en nuestra lucha de denuncia pública de estos deplorables actos, y el accionar del actual presidente Carlos Alvarado, quien no dudó para en minutos, firmar una ley fiscal y de empleo público cuyos alcances serán nefastos.

En todo este camino, la Ministra de Hacienda Rocío Aguilar tiene una gran responsabilidad junto a los actuales presidentes PIZA-ALVARADO, al prestarse al juego de los grandes empresarios de estas empresas y ocultar adrede información tan sensible. Al igual que Epsy Campbell en Cancillería, exigimos renuncien a sus cargos pues les han quedado demasiado grandes.

Las organizaciones sociales, consientes y consecuentes con la defensa de la más valiosa institución de los costarricenses declaramos:

1.- Que la pretensión de los diputados de aprobar el proyecto 20.580 atentaría contra la autonomía de la Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS, y afectaría sensiblemente sus finanzas.

2.- El Combo Fiscal mediante el paquete de impuestos del proyecto 20.580 y en su contenido, la regla fiscal, pretende darle al Ministerio de Hacienda la potestad de establecer el límite de gasto de la CCSS y se incrementarán las dificultades para que la institución atienda las necesidades de la población. Los servicios que brinda la Caja y que son de denuncia constante por parte de la ciudadanía, se deteriorarán aún más y se favorecerá con esto la privatización de la salud.

3.- Condicionar la inversión en salud pública con la regla fiscal, viola de manera grave la Constitución Política y pone en peligro la continuidad de la principal conquista social de los costarricenses.

4.- En el fondo la aprobación de este proyecto lo que pretende es tercerizar primero, entregar servicios a empresas privadas y finalmente privatizar los servicios de la Caja.

Desde las organizaciones sociales, consecuentes con los principios de Seguridad Social, seguiremos denunciando y luchando para que este proyecto no se convierta en ley y podamos mantener los principios democráticos de la seguridad social a salvo de los políticos que solo pretenden cargarle al pueblo costarricense más impuestos. Así mismo, lucharemos contra las velas intenciones privatizadoras de tan noble y emblemática institución.

Seguiremos manteniéndonos firmes en la defensa de la salud pública, seguiremos luchando por defender los servicios fundamentales para la vida. Respaldamos la decisión de la Junta Directiva de la Caja de rechazar este proyecto. Así mismo exigimos:

1.- Se establezcan las políticas institucionales de forma que los servicios públicos de salud sean asumidos íntegramente por la Caja Costarricense de Seguro Social.

2.- Se detenga y revierta el proceso de contratación de servicios tercerizados en REDES, aseo, vigilancia, laboratorio, así como otros servicios que han acelerado su avance en la institución en contra de lo establecido en el Reglamento y sin que existan las respectivas de declaratorias de inviabilidad, facilitando la plataforma privatizadora de los servicios que brinda la institución.

3.- Se investiguen las facilidades administrativas y financieras que se le dan, en la Comisión de gasto institucional a los contratos a terceros.

4.- Que se creen las nuevas plazas institucionales de forma que los servicios tercerizados se asuman a través de servidores institucionales y no con empresas con fines de lucro ajenas a la institución.

San José, 8 de noviembre de 2018