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El mercado laboral está organizado en torno a un “trabajador modelo o robot” que es completamente independiente, cuya única tarea es la que le contratan, sin otras responsabilidades personales y expectativas familiares.

Esto, unido al afán de la mayor ganancia al menor costo, eliminando puestos de trabajo al suprimir los 3 turnos laborales, el pago de tiempo extraordinario, garantías laborales y seguridad social, es lo que entienden por “competitividad” o “eficiencia”, como sinónimos de esclavitud laboral. Incluso cuando se habla de conciliación de la vida familiar y la vida laboral, sus propuestas son el establecimiento de horarios flexibles, teletrabajo, contrato a tiempo parcial. Lo más sorprendente que pretenden hacerle creer a los y las trabajadores que ellos “decidirían” la jornada que les conviene.

Adicionalmente, se ha desarrollado en el mercado laboral, la idea de que quien necesita conciliar la vida laboral y familiar son las mujeres, consolidando el concepto de que son ellas las responsables de las tareas no remuneradas, como el trabajo doméstico y el cuido.

Lo que necesitan los trabajadores y las “necesidades” empresariales son diametralmente distintas. La iniciativa de ley de los empresarios, que desde hace un tiempo se encuentra en la Asamblea Legislativa y que propone jornadas 4/3 es decir, 4 días de trabajo remunerado y 3 de “descanso” para que los trabajadores puedan dedicarse a otros trabajos, remunerados o no, es un retroceso de más de 100 años de sus derechos laborales.

Nada concilia menos la vida del trabajador que tener jornadas más largas durante cuatro días para “volver” a la casa durante tres. Por una parte, los trabajadores estarían alejados de sus hogares hasta por 14, 16 o más horas debido a los tiempos de traslados – agravados por el congestionado tránsito – y por otra, las tareas escolares, domésticas o de cuidado familiar, no pueden esperar al día de “descanso”.

Si a esto le agregamos que buscan eliminar derechos laborales, económicos y aumentar la edad para pensionarse, nos damos cuenta “por dónde va la procesión”. El objetivo es llevarnos a condiciones laborales de hace un siglo y si se puede más atrás.

Lo que se debería plantear es disminuir la jornada semanal, que permitiría realmente conciliar vida familiar y laboral, permitir el estudio y brindar facilidades de acceso a los centros educativos, generar más empleo de calidad para muchos desempleados, mayor equidad en la distribución de la riqueza, en una sociedad más justa y solidaria.

La Presidenta Chinchilla, en su discurso de ayer 1º de Mayo, dijo que las exportaciones crecen, que la economía mejora, incluso con números record, nos preguntamos entonces, ¿O vive en otro país o la Costa Rica de ella, de los grandes empresarios y banqueros es diferente a la Costa Rica de cuatro millones de costarricenses?

Esta conjura contra la jornada de 8 horas es una traición a los Mártires de Chicago y a la clase trabajadora

Martha Rodríguez González
Secretaria General Adjunta UNDECA

En asamblea intersindical realizada el lunes 29 de abril, en el Auditorio de la Asociación Nacional de Educadores, ANDE, organizaciones sindicales representativas de más d 100 mil trabajadores y trabajadoras, eligiron a la representante sindical que acompañará a la Delegación costarricense en la Conferencia de la OIT en junio próximo.

La designación recayó en Martha Rodríguez González, secretaria general adjunta de UNDECA, que de inmediato será acreditada ante el Ministerio de Trabajo y la Presidencia de la Repíblica.

Para los y las representantes sindicales la elección de Martha Rodríguez se da porque “no solo es una mujer de principios, luchadora y estudiosa, sino que además representa un sector laboral duramente atacado por el modelo neoliberal, la seguridad social. Confiamos plenamente en que representará no solo al sector salud, sino a todos los sectores laborales del país, ya que por sus cualidades, es una mujer preparada y conocedora de la situación política nacional.”

Representación de más de 100 mil trabajadores/as

Para participar en la Asamblea Intersindical, los y las representantes sindicales debieron aportar la documentación oficial, emitida por el Ministerio de Trabajado, de su situación jurídica y de la cantidad de trabajadores y trabajadoras afiliadas.

Por eso, y con la documentación en mano, la representación laboral de las organizaciones sindicales presentes fue de 116.963 afiliados y afiliadas. Lo que deja patente que hay representatividad suficiente como para designar a la persona que irá, por el moviemiento laboral de Costa Rica, con la delegación nacional a la Conferencia de OIT de junio.

OIT es clara sobre la elección de los representantes laborales

No es la primera vez, por no decir siempre, que el gobierno designa “a dedo” al representante sindical que acompaña la delegación costarricense a la Conferencia de OIT.

El 3 de mayo de 2012, mediante Asamblea, las organizaciones sindicales, designaron a José Luis Castillo de Sintrajap como su representante ante la Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que se realiza anualmente.

En esta Conferencia cada país miembro participa con una delegación tripartita. El Gobierno, los empresarios y los sindicatos eligieron sus representantes, sin embargo Laura Chinchilla y la ministra de trabajo de ese entónces Sandra Piszk, en un acto de prepotencia antidemocrática decidieron no incluir al representante electo por los sindicatos y llevó a “quien más le parecía conveniente”.

A raíz de ésta arbitraria designación, que violentó una resolución soberana del movimiento sindical, presentamos una queja contra el Gobierno de la República, ante la Comisión de Verificación de Poderes de la CIT Nº 101, la cual admitió la protesta y luego de la tendenciosa respuesta del Gobierno, la Comisión rindió el correspondiente informe, que nos deja totalmente satisfechos.

El Informe de la Comisión reprocha que el Gobierno no haya tomado en consideración la designación efectuada por el conjunto de organizaciones y le recuerda al Gobierno que la 1a Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia (1922) “concluyó que cuando varias organizaciones convienen en una designación, el Gobierno debe tomar en consideración la fuerza numérica conjunta”.

En este caso, la fuerza numérica de las organizaciones que elegimos al compañero José Luis Castillo, superó cuatro veces la cantidad de afiliados que dice tener aquella organización, a la que el Gobierno complació con su nombramiento.

Finalmente, el Informe de la Comisión llama la atención al Gobierno de la República sobre velar para que “en la designación de las delegaciones no gubernamentales que se envíen a las futuras reuniones de la Conferencia se efectúe con absoluto apego a lo dispuesto en el párrafo 5 del artículo 3 de la Constitución de la OIT.”

Para el movimiento sindical clasista costarricense este informe representa un triunfo y estaremos atentos para que el Gobierno cumpla este pronunciamiento de la OIT.

Ante esto esperamos que el Ministerio de Trabajo y Laura Chinchilla Miranda, presidenta de la República respeten este año la designación realizada por el Movimiento Sindical.

Sin embargo, este régimen al igual que el Seguro de Salud, han estado sometidos a la injerencia de los partidos políticos y gobiernos de turno, produciendo efectos graves y dañinos en su administración y sostenibilidad financiera, por esto es que se han realizado muchas reformas irresponsables, en perjuicio de la mayoría de los costarricenses.

Ahora con el mayor descaro y desfachatez la Presidenta Ejecutiva de la Caja y el Superintendente de pensiones, anuncian y amenazan que van a promover otras reformas para aumentar la edad para pensionarse, el monto de cotización al doble y otros requisitos que afectarían el monto a recibir por pensión.
En el año 2005 se dio un fuerte debate con relación a la crisis del fondo de pensiones, donde participamos sectores sindicales, donde no aparecieron los culpables del mal manejo en la inversión de los ingresos.

Así fue como se promovió una reforma donde se incrementó la base contributiva en un 3% más, pasando de un 7.5% a un 10.5% en un período de 20 años, implementándose en un 0,5% progresivamente cada 5 años el aporte del trabajador (a) patronal y el gobierno, condicionada ésta reforma a que la alta jerarquía de la Caja tenía que garantizar eficiencia y mejoramiento en la administración de los ingresos.
Sin embargo en el gobierno de Oscar Arias, el Presidente Ejecutivo, el Gerente y su Junta Directiva, dieron el primer golpe bajo, disminuyendo la tasa de intereses de los préstamos de este fondo en un 2% y otras acciones políticas que fueron muy cuestionadas concluyendo con la separación y el despido del señor Miguel Pacheco Ramírez, Gerente de Pensiones, pero aún desconocemos las gestiones penales que debieron gestionarse.

Existieron dos reformas más que se manejaron totalmente ocultas en los años 2007 y 2008 de forma unilateral, afectando dramáticamente el porcentaje del cálculo de las pensiones de un 70% del salario a solo un 43%, es decir; al día de hoy, por cada ¢100.000 se reconocen ¢43.000 por pensión, es decir en un salario de ¢300.000 recibiría la ridícula suma de ¢129.000 por mes.

Pero en el caso de los salarios más altos del país, en el Régimen de I.V.M. de la Caja se paga un tope máximo de ¢1,400.000 por mes, como si lo anterior fuera poco, nos proponen cotizar el doble, es decir; pasar de un 7.5% a un 15% del salario y elevar los años para pensionarse.

Emplazamos firme y categóricamente a la Presidenta Ejecutiva y miembros de la Junta Directiva de la CCSS para que rindan cuentas al pueblo costarricense sobre ¿qué acciones y gestiones han realizado para recuperar aproximadamente medio billón de colones (500 mil millones) que no se han pagado al RIVM en razón del artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador? La misma Sala Constitucional en voto del año 2011, obligaba al Estado a resarcir los montos dejados de percibir, así como los daños y perjuicios causados por la no aplicación de esta ley.

De igual manera, se explique qué pasó con los ¢1.694 millones incluidos intereses que invirtió la CCSS en fideicomisos administrados por el Banco Popular, donde se informó de irregularidades en la compra de los títulos por parte de altos funcionarios de la Caja.

Una y otra vez, la crisis de la Caja la paga el pueblo, los trabajadores y trabajadoras, mientras los culpables políticos y gobiernos siguen impunes.
Llamamos al pueblo trabajador, del sector público y privado, a salir a las calles a protestar este 1º de Mayo en el Parque Central y muy pronto a una manifestación de protesta contra la reforma.