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El Ministerio de Justicia y Paz acaba de adquirir 18 vehículos doble tracción último modelo, para atender actividades propias de su función. Aplaudimos dicha iniciativa, que esperamos permita ejercer más eficiente y eficazmente su labor. Sin embargo, como sindicato representativo de la población trabajadora del Sistema Penitenciario Nacional, con más de 600 policías afiliados, no podemos dejar de alzar nuestra voz para protestar por el contraste que representan esos carros de lujo, con las condiciones deplorables en que deben trabajar nuestras compañeras y compañeros policías penitenciarios.

Las y los policías penitenciarios son obligados a laborar jornadas extenuantes durante su semana de servicio sin pago de horas extra; son la policía peor pagada; la administración tiene deuda con todos ellos y ellas porque durante muchos años se abusó de la disponibilidad convocándolos a laborar en su semana libre sin el pago de horas extra; duermen hacinados en dormitorios que no reúnen condiciones dignas para el descanso de un ser humano y algunos hasta han sido clausurados por el Ministerio de Salud; deben laborar en fortines en los que no cuentan con un servicio sanitario, agua potable y en muchos casos se ahogan de calor o se mojan cuando llueve; usualmente comen solo arroz, frijoles y salchichón; no se les suministra en tiempo y forma los uniformes, herramientas, zapatos y demás implementos para realizar sus funciones; y para colmo de males, si reclaman sus derechos son trasladados de centro como represalia.

Un contraste que evidencia que para este Gobierno, las personas trabajadoras no son prioridad, no son importantes.

Se “avanza” con la adquisición de estos vehículos, pero las autoridades institucionales se empeñan en mantener un rezago de 30 años en las condiciones socio laborales del personal penitenciario; trabajadores y trabajadoras que en la mayoría de los casos, se mantienen en condiciones similares o peores a las de la población privada de libertad. Si el Ministerio de Justicia y Paz tiene dinero suficiente para comprar 18 vehículos de lujo, la UNT exige que también resuelva el pago de horas extra, el mejoramiento de las condiciones de trabajo y descanso de sus trabajadores y trabajadoras, la equiparación salarial de la Policía Penitenciaria con la Fuerza Pública y que se respete el derecho al descanso.

Niñas y niños de todas las edades trabajando, a los cuales deberíamos garantizarles las oportunidades y herramientas para el desarrollo integral de sus capacidades, desarrollo físico y emocional y el disfrute de todos sus derechos, son presa de la explotación laboral.

Es parte de la injusticia social de un modelo de desarrollo que distribuye inequitativamente la riqueza en el mundo, de la falta de oportunidades para las familias y de la complacencia de algunas autoridades gubernamentales.

Aunque existen leyes que prohíben el trabajo infantil, las acciones muchas veces quedan en vacíos discursos políticos para las elecciones o en ramilletes de buenas intenciones.

Erradicar el trabajo infantil solo es posible cuando la sociedad ofrezca empleos dignos a las familias, mecanismos para salir de la pobreza, acceso real a la educación y a la salud.

En su defecto la pobreza, la discriminación y la ausencia de oportunidades, son el camino fértil para el trabajo infantil y el adolescente, en las peores condiciones.

En Costa Rica, según últimos datos de estudios de INEC, la pobreza y la pobreza extrema aumentan a ritmos escandalosos. La brecha socioeconómica aumenta y vemos a los pobres más pobres y a los ricos más ricos, dejando de ser esto un cliché panfletario para convertirse en una realidad que golpea día a día a miles de familias costarricenses.

El problema es que la extrema pobreza aumenta las necesidades económicas de miles de familias, provocando que muchos niños y niñas sean puestos a trabajar para ayudar a llevar el pan a sus hogares.

Por eso la lucha cotidiana por la construcción de una Costa Rica diferente, más inclusiva y equitativa, es el compromiso de miles de costarricenses honestos que queremos un cambio radical en el modelo de desarrollo.

Los políticos de turno quieren llevar a las y los trabajadores de nuestro país a las paupérrimas condiciones laborales que sufren el resto de centroamericanos. En lugar de promover el cumplimiento de las leyes, que los grandes empresarios cumplan con sus responsabilidades y mejoren las condiciones socioeconómicas de sus trabajadores.

Evidencia irrefutable, los miles de trabajadores a los que no les pagan ni el salario mínimo (62,7% de la PEA), les atrasan el pago del aguinaldo, no pagan la seguridad social, les modifican las jornadas laborales para no pagarles horas extra, las mujeres embarazadas son despedidas y quienes no acepten las condiciones de trabajo son despedidos; y si se les “ocurre” organizarse y conformar un sindicato, son despedidos de inmediato.

Asimismo, en lugar de mejorar las condiciones laborales y salariales de los y las trabajadoras del sector privado, procuran “nivelar” los derechos de los trabajadores y trabajadoras del sector público a los del privado. Paradójico, empobrecen a miles de familias, que al final son los “consumidores”.

Costa Rica no avanza en el respeto de derechos y libertades, por el contrario retrocede grotescamente a los tiempos de la esclavitud en muchos casos. Urge una reorientación de la organización y la lucha en defensa de los derechos de la clase trabajadora para evitar que nuestros hijos e hijas pasen a engrosar las filas de la explotación laboral mañana.

*¡Respeto a los derechos humanos laborales! ¡Basta de trabajo infantil! *