La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) comunica a la ciudadanía y los trabajadores que ha presentado una denuncia formal ante la Contraloría General de la República (CGR) sobre la grave situación que enfrenta la Caja respecto a la implementación del sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP-SAP).
Este es un tema que hemos venido denunciado, y hoy, con la presentación formal de la denuncia ante la Contraloría, hicimos una serie de advertencias sobre el impacto que tendría su puesta en marcha y los riesgos que ya han sido materializados.
En primer lugar, se daría una serie de fallos en las interfaces críticas, en la interoperabilidad de sistemas de farmacias, almacenamiento y pagos a trabajadores (SIFA y SIGES), afectando el control de inventario, cuentas por pagar y procesos contables, sin certificación funcional plena. exponiendo a la Caja a un posible desabastecimiento clínico.
“Habría riesgo de desabastecimiento y discontinuidad en servicios esenciales por incumplimiento de más del 70% de los componentes previstos para la operación logística, así como la ausencia de normas actualizadas y procedimientos funcionales, esenciales para operar el ERP conforme a las mejores prácticas y principios de control interno”, detalló Luis Chavarría, secretario general de UNDECA.
Otro de los riesgos sería la pérdida de trazabilidad en procesos clave de recursos humanos (SIPE), que incluye el pago de salarios, embargos, pensiones, extremos laborales y otros.
Asimismo, existe una enorme incertidumbre financiera y contable sobre el Fideicomiso CCSS/BCR, con riesgo de incumplimiento contractual, por falta de definición clara en el uso del ERP para registrar, liquidar y clasificar pagos y ganancias.
Desde ya se han presentado retrasos graves en la migración de datos y pruebas funcionales, con advertencias directas de la Auditoría Interna, la Gerencia Financiera y consultores como PWC., y advertencias de una salida en vivo fracasada; sumado a una deficiente capacitación y una normativa desactualizada, lo que compromete la correcta operación del nuevo sistema.
Hay una ausencia de gobernanza clara, con múltiples cambios y decisiones unilaterales que ignoraron las recomendaciones de expertos como PWC; aunado a cargas incompletas e inconsistentes de datos, con interfaces sin certificar, ni probar, afectando la fiabilidad del sistema desde el inicio.
Y aún más grave, es que se han dado fuertes presiones a los funcionarios para implementar el sistema «a cualquier costo», lo que podría poner en peligro la operatividad, la transparencia y la calidad del servicio a la ciudadanía. “UNDECA solicitó a la CGR que ejerza su autoridad fiscalizadora para proteger los intereses y los recursos públicos y que los servicios esenciales no se vean comprometidos por una implementación deficiente, sin las condiciones mínimas garantizadas”, añadió Chavarría.
