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Costa Rica necesita un gobierno que fortalezca la CCSS

UNDECA, firme en la defensa de la seguridad social expone a la ciudadanía un conjunto de denuncias, advertencias y señalamientos públicos realizados durante la administración Chaves Robles -bajo la gestión de Marta Esquivel y Mónica Taylor- que revelan indicios graves, riesgos estructurales y decisiones contrarias al interés público, con impactos directos sobre la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Estas actuaciones no constituyen hechos aislados, sino un patrón sistemático de decisiones que han debilitado la institucionalidad, afectado derechos fundamentales y puesto en riesgo la sostenibilidad del sistema de salud y de pensiones.

1. Falta de liderazgo, diálogo y gobernanza democrática: estilo de conducción centralizado y excluyente del criterio técnico, caracterizado por decisiones unilaterales, descalificación de los héroes de la pandemia y de los criterios técnico-profesionales, debilitando la gobernanza institucional y la confianza interna.

2. Narrativa de “quiebra” institucional sin respaldo técnico: un discurso alarmista del gobierno sobre una falsa quiebra de la CCSSutilizado para justificar el no pago de la deuda del gobierno, aumentar cuotas a los trabajadores, frenar inversión en infraestructura y consolidar reformas regresivas y restrictivas de derechos.

3. Presunto maquillaje de estudios actuariales del Seguro de Salud: con supuestos y modificaciones orientados a sostener escenarios alarmistas, omitiendo estudios técnicos previos con resultados distintos, lo cual vulnera principios de transparencia, buena fe y rigor técnico.

4. Suspensión del Fideicomiso BCR–CCSS y paralización del portafolio de inversiones: con base en criterios políticos y no técnicos paralizaron todo el portafolio de inversiones, lo que atrasó la construcción de hospitales, áreas de salud y otros, pese al deterioro de la infraestructura existente, el agravamiento de las listas de espera y los retrocesos en la planificación estratégica.

5. Propuesta de inclusión de la CCSS en la regla fiscal:  pese a su naturaleza constitucional, autónoma y solidaria el gobierno propuso someter a la CCSS a la regla fiscal, para contener el gasto social y sanitario, limitar la contratación de personal, inversiones y capacidad operativa, lo que resulta incompatible con el derecho con la salud.

6. Fragmentación del personal: concurrentes, exclusivos y excluyentes: 4 miembros de la Junta Directiva impusieron, contra todos los informes técnicos, una clasificación divisoria del personal que introdujo desigualdades y afectó la cohesión institucional y el clima laboral, contraviniendo los principios de igualdad, razonabilidad y estabilidad laboral.

7. Caso Barrenador: vulneración del modelo de gestión en al menos diez áreas de salud: la privatización de servicios en 10 áreas de salud, adjudicadas con sobreprecios a cooperativas, afectanla planificación, la calidad y la continuidad de los servicios, generando riesgos para el interés público, la transparencia y la sostenibilidad financiera.

8. Denuncias por prácticas antisindicales ante la OIT: denuncia tramitada por persecución, falsedades y ofensas contra las personas trabajadoras, prácticas antisindicales y restricción del diálogo social, en contravención de convenios internacionales ratificados por Costa Rica.

9. Sobresueldos Marta Esquivel: los sobrepagos salariales aparentemente alcanzan los ₡42 millones, no han sido devueltos en contravención de la normativa y el discurso de probidad y disciplina financiera exigido a la población trabajadora.

10. Nombramientos, remociones y persecuciones ilegales: los directivos, gerentes y otros funcionarios han sido objeto de tales conductas, con violación al debido proceso, la estabilidad en el empleo y los principios de legalidad y razonabilidad administrativa.

11. Gobierno NO paga deuda billonaria a la Caja: la administración Chaves Robles mantiene una deuda que ronda los 5 billones de colones con la CCSS: por la atención del primer nivel de atención, el cuidado de personas adultas y niños en condición de vulnerabilidad y subsidios a trabajadores independientes, entre otros, afectando la sostenibilidad de los seguros sociales y la continuidad del servicio público esencial.

12. implementación forzada y fracasada del ERP-SAP: la implementación fallida del sistema ERP-SAP, marcada por incapacidad técnica, decisiones políticas y conflictos de interés, provocan caos administrativo y financiero, desabastecimiento, falta de información contable y riesgos directos para la salud y la vida de las personas usuarias.

UNDECA reitera que Costa Rica no necesita improvisación ni autoritarismo; necesita un gobierno que conozca la CCSS, con capacidad técnica, sensibilidad social y respeto a la autonomía, los derechos humanos y la democracia. La Caja es la columna vertebral del Estado Social de Derecho, donde la solidaridad se traduce en salud, pensiones y dignidad.

San José, 27 enero 2026