La penalización del embarazo
Múltiples instrumentos de derecho nacional e internacional establecen el principio fundamental de igualdad y prohíben la discriminación en el disfrute de los derechos humanos, el derecho al trabajo y la seguridad social, entre otros, con el objetivo de que el Estado garantice ambientes laborales dignos y promueva el progreso social y económico de los y las trabajadoras.
La discriminación y el trato desigual por razón de sexo, violenta los derechos laborales y la normativa internacional: la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pará), la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, entre otros.
Para que las mujeres consoliden su posición dentro de la sociedad, es imprescindible garantizar una protección plena y reforzada, con medidas destinadas a proteger integral y efectivamente la maternidad, la igualdad oportunidades de empleo que al hombre, los mismos criterios de reclutamiento y selección, el respeto de la igualdad de remuneración, de igualdad de trato en el trabajo y los ascensos, etc.
Discriminación deplorable contra las mujeres trabajadoras en el Seguro Social: las cifras tendenciosas
De acuerdo con datos de la Caja Costarricense de Seguro Social, solamente en 2017, se contabilizaron casi 9 millones de días de incapacidad, correspondientes a todas las personas trabajadoras. De esa cifra 3,7 millones corresponde a hombres y 5,2 millones a mujeres.
Según lo señalado por la Dirección Actuarial de la Caja, “Esto lleva a un resultado estadístico desfavorable para la mujer en el ámbito laboral ya que a partir de estos resultados se determina que la mujer trabajadora se ausenta más del trabajo que el hombre trabajador…”
Esta afirmación no sólo es tendenciosa, sino absolutamente discriminatoria, enviando el mensaje de que las mujeres no son “una buena inversión” laboral; un elemento peyorativo que pesa mucho en el mercado laboral, en perjuicio de las mujeres.
¿Pero, además, que oculta la estadística institucional? Las autoridades ocultan que las mujeres somos quienes menos nos incapacitamos por enfermedad, ya que de los 5,2 millones de días de incapacidades que maliciosamente se nos atribuyen, solamente 3,4 corresponden a enfermedad, el resto de días corresponden a licencias por maternidad.
El embarazo es tratado por la jerarquía institucional como una enfermedad, utilizando para el otorgamiento de esta licencia, las mismas boletas que las de incapacidades, materializado en un abusivo y discriminatorio Reglamento de Incapacidades y Licencias de la Caja Costarricense de Seguro Social.
A raíz de este tratamiento, el embarazo se convierte en un motivo de castigo, de penalización laboral, sin obviar que muchos empresarios no pagan a la trabajadora el 50% que les corresponde sufragar.
No nos queda la menor duda de que detrás de esta estadística institucional, subyace una ideología machista y patriarcal, que tiene que ser erradicada desde su raíz.
Adicionalmente, hay situaciones o problemáticas asociadas a la gestación que obligan a la trabajadora al reposo, por las cuales son incapacitadas, perdiendo salario, vacaciones y pensión, entre otros, que es otra expresión más de la penalización del estado de gravidez.
Sostenemos que ninguna causa de salud vinculada directamente con el embarazo, puede ser susceptible de afectación del derecho al salario total, las vacaciones, ascensos, entre otros.
Exigimos equidad y justicia social
Demandamos a la Presidencia Ejecutiva de la CCSS desagraviar públicamente a las mujeres trabajadoras costarricenses por semejantes despropósitos, intencionales o no, pero que le causan un grave daño laboral, económico y social a las mujeres, que no es por casualidad que en los más altos niveles jerárquicos, prácticamente no existe ninguna participación de mujeres, que no es exclusivo de ésta institución.
Asimismo, demandamos separar los mecanismos de otorgamiento de licencias del trámite de incapacidades de las mujeres trabajadoras costarricenses y las respectivas estadísticas.
Compelemos al INAMU, Defensoría de los Habitantes y al Ministerio de Trabajo, a generar espacios para reivindicar efectivamente los derechos laborales y reproductivos de las mujeres trabajadoras, de forma que se concilien efectivamente la vida laboral y familiar, con goce pleno de sus derechos, para alcanzar una sociedad democrática, justa, equitativa, que estamos muy lejos todavía de lograr mientras las mujeres de este país sigamos sufriendo la explotación laboral y discriminación social y política.
San José, 8 de marzo de 2019.
