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Con la presencia de cientos de personas se realizó el Debate con los candidatos a la Presidencia de la República sobre el tema “Situación actual y futura de la Caja Costarricense de Seguro Social”.

Los partidos invitados al debate respondieron de diversas formas. Frente Amplio, Patria Nueva y Unidad Socialcristiana respondieron con sus candidatos a la Presidencia José María Villalta, José Miguel Corrales y Rodolfo Piza Rocafort respectivamente. Liberación Nacional fue representado por Walter Coto Molina y Acción Ciudadana con Helio Fallas, el único que no quizo dar la cara, ni siquiera con un representante, fue el Movimiento Libertario.

La motivación del importante evento la realizó Luis Chavarría Vega, Secretario General de UNDECA, en donde reafirmó el interés del debate “por primera vez en la historia y de cara a la clase trabajadora de la Caja y la ciudadanía, sobre un tema vital para el pueblo costarricense, la salud pública. Nuestro interés y el de los que nos acompañan, es que tanto trabajadores y trabajadoras de la institución, como la ciudadanía en general, escuche de su propia voz las propuestas de cómo van a resolver la situación de la Caja y salud pública de llegar a la Presidencia de la República. Agradecemos a los candidatos que sí vinieron a dar la cara, que sí decidieron presentarse ante la clase trabajadora y la ciudadanía, quienes no vinieron probablemente no tienen nada que decir al respecto y/o no tienen propuestas claras”.

El debate inició con una presentación de “Propuestas para defender y fortalecer el Seguro Social” que realizó Martha Rodríguez González, Secretaria General Adjunta de UNDECA.

En esta presentación tocó temas fundamentales para el fortalecimiento de la Caja y entre estos mencionó que “El modelo neoliberal le ha arrebatado a los más amplios sectores de la población desarrollo, igualdad y justicia social. A través de la apertura unilateral, desregulación económica y laboral, privatizaciones, modificaciones a las leyes, tratados de libre comercio y otros mecanismos, han transformado la salud, las telecomunicaciones, la educación, la producción agrícola, entre otros, en simples “mercancías”, reservadas exclusivamente para quienes tienen el dinero para comprarlas. Este modelo es el que nos ha llevado a protagonizar innumerables episodios de lucha social en la búsqueda incansable de la justicia social y la igualdad de oportunidades. En este contexto la salud pública tiene que ser factor transversal en el desarrollo social de nuestro país. La Caja Costarricense de Seguro Social es un destacado actor del sistema nacional de salud, institución autónoma, que constitucionalmente le compete el gobierno y administración de los seguros sociales”.

Entre los principales aspectos que afectan a la institución mencionó la sostenibilidad financiera, la deuda del Estado y el gran empresariado, los recursos de empresas públicas que deberían girarse a la Caja de acuerdo al articulo 78 de la Ley de Protección al Trabajador, entre otros. Además recalcó la grave situación que provocará al pueblo costarricense la privatización de servicios y más recientemente de centros de salud primaria (Ebais) para ser entregados a una empresa privada con intereses transnacionales.

Por último mencionó las propuestas concretas para resolver y fortalecer la situación de la Caja que entregarán a los candidatos a la Presidencia que tengan interés y que toca temas como el mejoramiento de las condiciones laborales de los y las trabajadoras, autonomía de la CCSS, presidencia ejecutiva y otras jerarquías, finalmente propuestas de mejoramiento, eficiencia y calidad de los servicios que se brindan al pueblo costarricense.

El debate concluyó con preguntas del auditorio, momento en el cual tanto trabajadores y trabajadoras de la Caja como ciudadanía, realizaron preguntas a los candidatos a la Presidencia de la República y a los representantes de los partidos cuyos candidatos no asistieron.

El Consejo Superior de Trabajo estuvo ausente durante muchos años de la problemática laboral por diversos temas, entre ellos, por falta de decisión política de los gobernantes y empresarios en momentos en que se discutía el Tratado de Libre Comercios con los Estados Unidos y porteriormente por los miles despidos y cierre de fábricas bajo el pretexto de la crisis económica mundial.

En el primer año de gobierno de Laura Chinchilla Miranda, en el marco de un Encuentro de Ministros y Ministras de Trabajo de Centroamércia y República Dominicana, se revivió el Consejo Superior de Trabajo mediante un decreto firmado entre la Presidencia de la República y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, MTSS, con el que se busca que dicho órgano sea más activo, participativo y que genere propuestas y respuestas.

En agosto de 2010 Sandra Piszk, ministra de Trabajo de entónces, dijo que la reactivación del CST es para que reasuma su papel en la definición de política laboral del país y aseguró que “constituye una apuesta estratégica a la democracia participativa y entre las reformas que tendrá la instancia es que no se requerirá de consensos para la aprobación de proyectos e iniciativas en el plano laboral.”

El CST es un órgano tripartito, compuesto por representantes del gobierno, patronos y trabajadores, con el objetivo de definir e implementar medidas para el mejoramiento y defensa de derechos y establecimiento de responsabilidades del sector laboral y patronal.

A poco más de seis meses para que concluya el presente gobierno, se da la juramentación de los nuevos representantes en donde destaca la presencia de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social, UNDECA, en la designación de Martha Rodríguez González, Secretaria General Adjunta.

Martha Rodríguez ve con optimismo lo que el sector sindical, que representa a la clase trabajadora, pueda lograr en el CST, “es una instacia importante de diálogo social, en el cual podríamos avanzar en el tema de trabajo decente, el tema cada vez más grave del desempleo, sobre todo por la gran cantidad de jovenes sin empleo y sin estudios, las mujeres, y esperamos avanzar también en temas de interés para la clase trabajadora costarricense como son sus derechos fundamentales. Son muchos los retos que enfrentaremos pero en la mesa del Consejo, por nuestra parte y creemos que de parte de los demás representantes sindicales también, va a prevalecer el trabajo honesto, transparente y de cara a toda la clase trabajadora de nuestro país, nada a sus espaldas o con negociaciones por “debajo de la mesa”“

Por su parte Laura Chinchilla Miranda, Presidenta liberacionista, dijo que “espero que ahora sí funcione bien este nuevo CST, aunque ya no podré verlo y será el nuevo gobierno el que vea los frutos de su trabajo”.

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Fotos: UNDECA

NUEVA YORK – Una vez más los noticieros hablan de los acuerdos internacionales de inversión. Los Estados Unidos están tratando de imponer un fuerte pacto de inversión dentro de los dos grandes acuerdos que se denominan “acuerdos de asociación”, uno trasatlántico y otro transpacífico, que en la actualidad se encuentra en etapa de negociación. Sin embargo, existe una creciente oposición a tales negociaciones.

Sudáfrica ha decidido detener la renovación automática de los acuerdos de inversión que se firmaron a principios del período postapartheid, y ha anunciado que rescindirá algunos de ellos. Ecuador y Venezuela ya rescindieron los suyos. India dice que va a firmar un acuerdo de inversión con los EE. UU. únicamente si se cambia el mecanismo de resolución de controversias. Por su parte, Brasil nunca ha firmado ningún acuerdo.

Hay buenas razones para esta resistencia. Incluso en los EE.UU., los sindicatos de trabajadores y las organizaciones medioambientales, de salud, desarrollo y otras organizaciones no gubernamentales se han opuesto a los acuerdos propuestos por los EE. UU.

Los acuerdos podrían inhibir significativamente la capacidad de los Gobiernos de los países en desarrollo para proteger a su medioambiente de las empresas mineras, a sus ciudadanos de las empresas tabacaleras que, teniendo conocimiento, proveen un producto que causa muerte y enfermedad, y a sus economías de los productos financieros catastróficos, que jugaron un papel tan preponderante en la crisis financiera mundial del año 2008. Estos acuerdos restringen a los Gobiernos, incluso en lo que se refiere a establecer controles temporales para los desestabilizadores flujos de capital de corto plazo, que frecuentemente han causado estragos en los mercados financieros y han impulsado las crisis en países en desarrollo. En efecto, los acuerdos se han utilizado para cuestionar las acciones de los Gobiernos, que van desde la reestructuración de la deuda a la discriminación positiva.

Los defensores de este tipo de acuerdos aseveran que son necesarios para proteger los derechos de propiedad. Sin embargo, países como Sudáfrica ya tienen fuertes garantías constitucionales para los derechos de propiedad. No hay ninguna razón para que los bienes de propiedad extranjera estén mejor protegidos que los bienes de propiedad de los propios ciudadanos de un país.

Es más, si las garantías constitucionales no son suficientes para convencer a los inversores del compromiso que asume Sudáfrica con relación a la protección de los derechos de propiedad, los extranjeros pueden contratar un seguro de expropiación suministrado por el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (una división del Banco Mundial) o por numerosas organizaciones nacionales que suministran dicho seguro. Los estadounidenses, por ejemplo, pueden comprar un seguro de la Corporación de Inversiones Privadas en el Extranjero.

Sin embargo, de todos modos, aquellos que apoyan los acuerdos de inversión no están realmente preocupados por la protección de los derechos de propiedad. El verdadero objetivo es restringir la capacidad que tienen los Gobiernos para imponer regulaciones e impuestos a las corporaciones, es decir, el verdadero objetivo no es solamente defender los derechos, sino que es restringir la capacidad que tienen los Gobiernos para imponer responsabilidades. Las corporaciones están tratando de alcanzar de manera subrepticia – a través de los acuerdos comerciales negociados en secreto – lo que no pudieron lograr en un proceso político abierto.

Incluso, la idea de que estos acuerdos tienen el objetivo de proteger a las empresas extranjeras es un ardid: las empresas con sede en el país A puede establecer una filial en el país B para llevar a cabo una demanda judicial contra el Gobierno del país A. Los tribunales norteamericanos, por ejemplo, sistemáticamente han dictado sentencias que indican que las corporaciones no deben ser compensadas por la pérdida de ganancias provenientes por un cambio en las regulaciones (mediante expropiación denominada “expropiación regulatoria”); sin embargo, dentro del marco de un acuerdo de inversión típico, ¡una empresa extranjera (o una empresa estadounidense, que opera a través de una filial extranjera) puede exigir una indemnización!

Peor aún: los acuerdos de inversión permiten a las empresas demandar judicialmente a los Gobiernos por cambios regulatorios perfectamente razonables y justos: por ejemplo, en casos en los que las ganancias de una empresa de cigarrillos se vieran reducidas debido a una regulación que restringe el uso del tabaco. En Sudáfrica, una empresa podría demandar si se considera que sus ganancias netas podrían verse perjudicadas por los programas diseñados para abordar los remanentes del racismo oficial.

Existe una presunción de larga data sobre la “inmunidad soberana”: los Estados pueden ser demandados judicialmente únicamente bajo circunstancias limitadas. Sin embargo, los acuerdos de inversión, como los respaldados por los Estados Unidos, exigen que los países en desarrollo renuncien a esta presunción y permitan que se dicten sentencias en juicios, aplicando procedimientos que se encuentran muy por debajo de los que se espera que se apliquen en las democracias del siglo 21. Tales procedimientos han demostrado ser arbitrarios y caprichosos, y no proporcionan una forma sistémica para conciliar resoluciones incompatibles emitidas por diferentes foros. Mientras que los defensores argumentan que los tratados de inversión reducen la incertidumbre, las ambigüedades e interpretaciones contradictorias de las disposiciones de dichos tratados han incrementado la incertidumbre.

Los países que han firmado este tipo de acuerdos de inversión han pagado un precio muy alto. Varios de ellos han sido objeto de demandas judiciales de gran magnitud, y han tenido que realizar pagos enormes. Inclusive, se han visto demandas judiciales que exigían que los países cumplan con contratos firmados por Gobiernos anteriores, no democráticos y corruptos, aun cuando el Fondo Monetario Internacional y otras organizaciones multilaterales habían recomendado la abrogación de dichos contratos.

Inclusive en los casos en que los Gobiernos de los países en desarrollo salen victoriosos de las demandas judiciales (demandas que han proliferado considerablemente en los últimos 15 años), los costos de los litigios son enormes. El efecto (deseado) es enfriar los esfuerzos legítimos que realizan los Gobiernos por proteger y hacer progresar los intereses de sus ciudadanos al imponer regulaciones, impuestos y otras responsabilidades a las corporaciones.

Además, para los países en desarrollo que fueron lo suficientemente tontos como para firmar tales acuerdos, la evidencia es que los beneficios provenientes de los mismos, si los hubo, fueron muy escasos. Según un estudio realizado por Sudáfrica, se determinó que este país no había recibido inversiones de importancia de los países con los que había firmado acuerdos, pero que sí había recibido inversiones de importancia de aquellos países con los que no tenía acuerdos firmados.

No es de extrañar que Sudáfrica, después de un estudio cuidadoso de los tratados de inversión, haya decidido que, como mínimo, dichos acuerdos deberían ser renegociados. Hacer esto no es un acto en contra de las inversiones, es un acto a favor del desarrollo. Y es un acto esencial, si es que el Gobierno de Sudáfrica desea aplicar políticas que satisfagan de la mejor manera las necesidades de sus ciudadanos y de la economía del país.

En efecto, al esclarecer mediante la legislación nacional cuáles son los tipos de protección que se ofrecen a los inversores, Sudáfrica está demostrando una vez más – como ya lo ha venido haciendo en varias ocasiones desde la aprobación de su nueva Constitución en el año 1996 – el compromiso que tiene con el Estado de derecho. Los propios acuerdos de inversión se constituyen en las más serias amenazas al proceso de toma de decisiones democráticas.

Se debería felicitar a Sudáfrica. Se espera que otros países sigan su ejemplo.

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Joseph E. Stiglitz, premio Nobel de Economía, se desempeña como catedrático en la Universidad de Columbia. © Project Syndicate.