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Juzgado Penal de Hacienda dicta medida cautelar solicitada por UNDECA

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UNDECA suspende concentración en la plaza de la justicia

En el escandaloso Caso «barrenador», UNDECA se apersonó como denunciante y además solicitó la aplicación de las medidas cautelares contra los imputados. Incluso hace unas semanas, a raíz del nombramiento realizado por la presidenta ejecutiva, Marta Esquivel, de una de las imputadas como Gerente General, reiteramos la necesidad imperiosa de aplicar medidas cautelares.

El día de hoy, recibimos la noticia de que el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, definió la aplicación de seis meses de separación del cargo a la Presidenta Ejecutiva y a los directivos imputados en la adjudicación con sobreprecios de 10 Áreas de Salud, a 4 cooperativas y a ASEMECO.

El órgano jurisdiccional, no se dejó intimidar por las presiones reiteradas y constantes realizadas desde el Poder Ejecutivo, violentando el principio constitucional de separación de poderes

De esta manera, se viene a salvaguardar la integridad de la investigación y evitar cualquier acto de coacción y persecución de los testigos y del Ministerio Público.

En virtud de que nos sentimos satisfechos por el objetivo logrado, UNDECA suspende la concentración convocada para este viernes 11 de octubre del año en curso, en la Plaza de la Justicia.

Manifestamos nuestro agradecimiento a todas las personas trabajadoras, organizaciones y ciudadanos que manifestaron su voluntad de participar en defensa de la CCSS.

Quienes vendieron la Caja por 30 monedas tienen que rendir cuentas ante la justicia.

¡La Caja no se vende y UNDECA la defiende!

¡Justicia pronta y cumplida para el pueblo!

UNDECA demanda investigación a representantes estatales en la CCSS por aparente despilfarro de los fondos públicos en contratación privada

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¡La más cuestionada y costosa adjudicación de la historia de la CCSS!

UNDECA solicita al Consejo de Gobierno, investigar a la Presidenta Ejecutiva de la CCSS Marta Eugenia Esquivel Rodríguez por ignorar los informes técnicos que declaraban infructuosa la compra de servicios de 10 Áreas de salud, repartidas en entre 4 cooperativas (3 a Coopesana, 2 a Coopesalud, 2 a Coopesiba, 1 a Coopesain) y 2 a la Clínica Bíblica (Asemeco).

Asimismo, solicita ordenar la apertura de procedimiento administrativo contra los representantes del Estado en la Junta Directiva de la CCSS: MARIA ISABEL CAMARENO CAMARENO Y JORGE PORRAS LÓPEZ con el fin de determinar su responsabilidad por la adjudicación de la multimillonaria compra(2023LY-000002-0001101142) y si existió conflicto de intereses de la directora Camareno.

El Consejo de Gobierno, en su momento, con tan solo un informe verbal de la señora Marta Esquivel Rodríguez, ordenó la apertura de un ilegitimo procedimiento contra 5 directivos, cambiando indebidamente toda la conformación de la Junta Directiva por el pago de 7.500 colones, con mucha más razón una cuestionada adjudicación por casi 472.000.000.000 colones.

Los Informes Técnicos advirtieron de sobreprecios de Mano de obra por la que se pagan altísimos salarios a perfiles profesionales (5.6 millones de colones) que superan hasta en un 100% los salarios en la Caja, diferencias en costos por alquileres, por materiales y suministros, adicionalmente, en el rubro de gastos indirectos hay también un costo de ¢4.236 millones que deberá pagarse a las cooperativa como preaviso, licencias por defunción de familiar, por paternidad, matrimonio, lactancia, atención de actividades comunitarias, gastos de asamblea, transporte y pasajes de empleados, peajes, parqueos, horas extraordinarias y compensación de almuerzos; en los próximos 10 años.

La Junta Directiva benefició con los recursos públicos de los costarricenses por la suma de ¢3,929,628,162,72 MENSUALES (TRES MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL MILLONES DE COLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y DOS COLONES CON SETENTA Y DOS CENTAVOS), por una contratación de servicios privados con precios excesivos.

A pesar de que la representante sindical, Martha E. Rodríguez, en la Junta Directiva de la CCSS advirtió de la posible ilegalidad de la adjudicación, presentó Revisión del Acuerdo y solicitud de revocatoria del Acto de Adjudicación, la Junta Directiva, a la fecha invisibilizó esas gestiones que podría remediar un daño institucional a la CCSS.

UNDECA demanda que se investiguen la licitación y las acciones, tanto de directores, como la participación de las cooperativas y la Clínica Bíblica, cuya Monto anual de ofertas equivalen a un 65% de incremento en relación con el pago del 2023, en este monopolio privatizador de servicios en la CCSS.

San José, 20 de agosto 2024.

Denuncia y solicitud de investigación administrativa a directivos Estado-CCSS CooperativasDescarga

UNDECA denuncia penalmente al Consejo de Gobierno

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Consejo de gobierno se niega a realizar procedimiento a Ejecutiva de la Caja.

El Consejo de Gobierno se niega a abrir procedimiento administrativo contra Marta Esquivel, comunicado por la secretaria del Consejo de Gobierno en OFICIO PR-SCG-0F-00057-2024, en respuesta al fundamentado reclamo de UNDECA.

El Consejo de Gobierno se ampara, en que no cuenta con elementos de juicio para la apertura de un procedimiento disciplinario, debido a que no obtuvo información de la Contraloría General de la República (CGR) y del Ministerio Público (MP), a pesar de tener conocimiento que tanto la CGR como la Procuraduría de la Ética Pública, han presentado denuncias penales contra la jerarca de la CCSS.

“La Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (8422) y su Reglamento, exige al órgano que ostenta la potestad disciplinaria – en este caso Consejo de Gobierno- tramitar el procedimiento administrativo disciplinario contra la jerarca de la CCSS, sobre la cual pesan denuncias penales, por supuestos tráfico de influencias, nombramiento ilegal y maquillaje de informes actuariales de la CCSS, entre otros”, detalló Luis Chavarría, secretario general de UNDECA.

La omisión de deberes legales que se deduce del oficio remitido a UNDECA, podría otorgar ventajas y favorecimientos indebidos, ilícitos y odiosos a la jerarca de la CCSS, ya que cualquier otro servidor público sería sometido a un procedimiento disciplinario.

Estamos hablando del mismo Consejo de Gobierno, que, con sólo una denuncia verbal de esta misma jerarca, sustentada en informes actuariales que fueron denunciados por la Contraloría General de la República en la vía penal, apertura un procedimiento contra 5 directivos de la CCSS.

“Ese Consejo de Gobierno tampoco ejerció potestad disciplinaria, cuando la presidenta ejecutiva invadió con una cámara, un quirófano del Hospital Calderón Guardia, en el momento en que se procedía con un delicado trasplante a un paciente, poniendo en riesgo al paciente y ante la sorpresa atónita de toda la población, en un alarde de poder, desbordado e ilegítimo, que la caracteriza”, agregó Luis Chavarría.

Nuestro ordenamiento jurídico establece el delito de incumplimiento de deberes en el artículo 339 del Código Penal y en el Reglamento a la Ley Contra la Corrupción, se refiere al “… uso indebido del poder y de los recursos públicos para el beneficio personal, el beneficio político o el de tercero …”.

UNDECA, ante la presunción, razonable, de que se le han otorgado privilegios, ventajas y fueros a la señora Marta Esquivel Rodríguez, prohibidos en nuestro Estado de Derecho, procedió a denunciar ante las autoridades penales competentes, los presuntos actos de corrupción, incumplimiento de deberes, falta de transparencia y probidad, encubrimiento, favorecimiento personal por parte del Consejo de Gobierno.

UNDECA respetuoso de los principios éticos, morales y democráticos, considera inaceptable que este tipo de actos se presenten en una institución como la Caja -que le pertenece a los costarricenses- y hace un llamado al pueblo a defender esta emblemática institución.

VIDEO de Conferencia

UNDECA pide a Consejo de Gobierno apertura de investigación y suspensión inmediata del cargo a presidenta ejecutiva de la Caja

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La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA), a través de su secretario general, Luis Chavarría Vega, solicitó al Consejo de Gobierno la apertura de procedimiento administrativo disciplinario y el establecimiento de una medida cautelar urgente de suspensión del cargo de la presidenta ejecutiva de la Caja, Marta Esquivel.

La jerarca ha sido denunciada por diversos incumplimientos, como, por ejemplo, la Contraloría que indicó que Esquivel no siguió el procedimiento y metodología diseñada para llevar a cabo el proceso de valuación actuarial del seguro de salud del 2021, además, del órgano Contralor la denunció por supuestas irregularidades cometidas en el ejercicio de su cargo ante supuesto maquillaje de datos de los Informes Actuariales del portafolio de inversiones.

Esa denuncia, que no tomó por sorpresa a nadie, pues UNDECA y otras organizaciones sindicales nos habíamos opuesto públicamente a los falsos criterios que dio Esquivel de que la CAJA estaba quebrada, fundamentada en ilusorios déficits, alejados del procedimiento y la metodología del actuariado internacional.

Incluso la Organización Internacional del Trabajo (OIT) emitió una Nota Técnica que confirmaba que había vicios, al detectar un aumento exponencial irrazonable, sobreestimado e inexplicable del gasto ordinario del Seguro de Salud (sin proyectos y programas) y diferencias entre el gasto ejecutado y la valuación actuarial de un 30,3%.

También cuando la Procuraduría la denunció penalmente por tráfico de influencias y nombramiento ilegal, luego de acoger una denuncia presentada por UNDECA, por el nombramiento del ex directivo de la CCSS, Juan Ignacio Monge en el cargo de Gerente General.

“Basamos esta solicitud en la Ley contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito de la Función Pública (N°8422) que establece que todo funcionario, incluida Marta Esquivel, debe demostrar rectitud, buena fe en sus decisiones, las cuales deben ajustarse a la imparcialidad, transparencia, legalidad y eficiencia. Considera este Sindicato que la presunta violación al deber de probidad y a la ética funcionarial en este caso, obliga al Consejo de Gobierno, a ordenar de forma inmediata y urgente, la apertura del correspondiente procedimiento administrativo disciplinario”, detalló Luis Chavarría de UNDECA.

La suspensión del cargo es esencial, ya que se debe proteger y evitar una cadena incalculable y perjudicial de daños a la   imagen institucional de la CCSS y al manejo de los fondos públicos en perjuicio de la   Institución Benemérita de Seguridad Social.

“De hecho, el reiterado señalamiento de la Contraloría sobre las responsabilidades y deberes que la jerarca institucional de la CCSS ha incumplido, son de tal gravedad, que se vio obligado a presentar denuncia penal contra ella, por lo cual, dejarla en el puesto sería continuar con agendas ocultas que contravienen las políticas de sana gestión de fondos públicos” y deberes éticos y probidad en el ejercicio del cargo.

Se pidió al Consejo de Gobierno que las medidas cautelares se mantengan hasta tanto se resuelva por el fondo la responsabilidad administrativa y disciplinaria de la jerarca.