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UNDECA denuncia grave crisis de transparencia y control financiero en la CCSS por fallida implementación del ERP-SAP

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UNDECA denuncia la grave situación financiera, administrativa y de control interno que enfrenta la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) como consecuencia de la atropellada implementación del sistema ERP-SAP.

De acuerdo con informes de la Auditoría Interna de la CCSS, la institución no ha logrado cerrar contablemente el mes de junio de 2025, ni emitir estados financieros confiables hasta la fecha, pese a múltiples cronogramas, planes de estabilización y reiteradas advertencias técnicas y legales.

La salida en vivo del sistema ERP-SAP fue forzada, sin cumplir condiciones mínimas, como pruebas integrales de cierre contable, validación completa de saldos migrados, conciliaciones financieras básicas y manuales operativos.

Esta omisión ha generado diferencias millonarias en inventarios, activos fijos, terrenos y cuentas contables, transacciones financieras sin respaldo técnico plenamente validado, retrasos injustificados en la rendición de cuentas ante la Contraloría General de la República, la Dirección General de Contabilidad Nacional y otros órganos fiscalizadores e incertidumbre real sobre la situación financiera verdadera de la CCSS, institución que administra más del 50% del presupuesto público nacional.

Esta situación constituye un debilitamiento grave del sistema de control institucional, contrario a los principios de legalidad, transparencia, eficiencia y rendición de cuentas que rigen la función pública.

La Auditoría Interna ha sido clara al advertir que:

  • Los riesgos identificados no solo se materializaron, sino que se agravaron.
  • La ausencia de información financiera confiable limita la toma de decisiones, compromete la planificación institucional y afecta la credibilidad de la CCSS.
  • La persistencia de estas fallas podría dar lugar a la determinación de responsabilidades, por incumplimiento de deberes y deterioro del control interno.

UNDECA EXIGE RESPUESTAS, NO MÁS PRÓRROGAS

UNDECA denuncia que, pese a la gravedad de los hallazgos, la respuesta institucional ha sido postergar los plazos en 5 ocasiones, ahora hasta el 30 de abril de 2026, reformular cronogramas y normalizar el incumplimiento, trasladando los costos de esta mala gestión a la ciudadanía, a las personas trabajadoras y a la seguridad social.

UNDECA rechaza cualquier intento de minimizar riesgos o relativizar la gravedad de los hallazgos reiterados de la Auditoría Interna; exigimos transparencia absoluta sobre la situación financiera real de la CCSS y las investigaciones que determinen las responsabilidades de quienes autorizaron y ejecutaron decisiones sin cumplir las condiciones técnicas y legales mínimas.

La seguridad social no puede administrarse sin información financiera confiable, sin control interno ni sin rendición de cuentas. La CCSS no debe ser puesta en riesgo por decisiones improvisadas y políticamente motivadas.

La Caja es un pilar del Estado Social de Derecho, y su debilitamiento afecta directamente los derechos fundamentales de toda la población.

¡Por la defensa de la CCSS, la transparencia y los derechos del pueblo!

UNDECA denuncia colapso, privatización, negligencia y responsabilidad política en las listas de espera

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200 mil personas esperan cirugía y miles han muerto en listas de espera de la CCSS

UNDECA alerta a la opinión pública nacional sobre una emergencia sanitaria silenciosa, sostenida y profundamente injusta: las listas de espera de la Caja Costarricense de Seguro Social, que se han convertido en una condena para miles de personas, afectando directamente el derecho fundamental a la salud, la dignidad humana y la igualdad en el acceso a los servicios públicos.

Esta situación no es producto del azar ni de hechos aislados. Está plenamente documentada por informes oficiales, auditorías y pronunciamientos de la Contraloría General de la República, que confirman fallas estructurales, incumplimientos normativos y riesgos graves para la salud pública.

DATOS QUE INDIGNAN Y EXIGEN RESPUESTAS

  • Casi 200.000 personas esperan actualmente una cirugía en la CCSS.
  • El tiempo promedio de espera supera el año y mucho más allá de ese plazo.
  • Más de 5.700 personas murieron entre 2023 y 2025 mientras se encontraban en listas de espera quirúrgica, según datos de la Gerencia Médica, GM-2334-2025.
  • Las listas de espera totales -cirugías, consulta externa y procedimientos diagnósticos- alcanzan 1.3 millones de personas.
  • Miles de pacientes superan los plazos “razonables” definidos por la CCSS.
  • Miles están en listas sin prioridad médica y miles de cirugías se realizan sin trazabilidad clínica, lo que genera inequidad y discrecionalidad en el acceso.

Estas cifras no son simples estadísticas: representan vidas en pausa, sufrimiento prolongado, discapacidades evitables y muertes que pudieron prevenirse.

EL PROBLEMA ES POLITICO, ADMINISTRATIVO Y ESTRUCTURAL

La responsabilidad no recae en las trabajadoras y los trabajadores de la CCSS, quienes sostienen el sistema bajo presión extrema, con recursos limitados y en condiciones cada vez más adversas.

El problema es la falta de planificación técnica, ausencia de una estrategia nacional sostenible para enfrentar la demanda quirúrgica, deficiente priorización y control de las listas de espera, decisiones gerenciales y políticas que han normalizado la espera, el sufrimiento y la desigualdad.

Para ejemplificar, la Junta Directiva aprobó eliminar las Jornadas de producción para sustituir el Costo Unitario Máximo para la Cobertura de Atenciones de Salud en recurso humano (conocida como CUMCAS-PIB),como indica la CGR:

 ”1.9 Este cambio en la modalidad de pago excepcional se realizó a pesar de que a la fecha la institución no cuenta con todas las validaciones técnicas de los montos aprobados por especialidad y procedimiento que solicitó la propia Junta Directiva, ni cuenta con criterios definidos por algunas instancias técnicas competentes que permitan tener certeza sobre la viabilidad presupuestaria de su aplicación”

La propia Contraloría General de la República, en su informe DFOE-BIS-IAD-00006-2025, del 22 de diciembre de 2025, ha confirmado que la CCSS incumple el marco normativo, técnico y de control interno, advirtiendo riesgos de discrecionalidad, corrupción y judicialización del acceso a la salud.

RESPONSABILIDAD POLÍTICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL

Este no es un problema coyuntural ni una falla menor. Es el resultado de decisiones sostenidas en el tiempo, tomadas al más alto nivel, pese a las reiteradas advertencias de los órganos de control.

La Contraloría ha ordenado medidas obligatorias para corregir esta situación, reconociendo que el modelo actual: carece de una estrategia real para enfrentar la creciente demanda, no es sostenible, ni técnicamente serio, no es justo ni humano.

Ante la incapacidad de la Junta Directiva para resolver estructuralmente el problema, la respuesta es privatizar las listas de espera, especialmente los menos complejos, trasladando recursos públicos a sectores que lucran con lo público.

Ante esta crisis humanitaria, social y sanitaria, UNDECA denuncia la privatización de los procedimientos menos complejos y exige transparencia en el manejo de las listas de espera, rendición de cuentas de quienes han permitido este colapso, el fin de la improvisación y la privatización de las listas de espera, en detrimento de la vida y la dignidad del pueblo.

¡Derecho a salud universal y solidario! ¡La salud no puede seguir esperando!

San José, 28 enero de 2026

UNDECA denuncia: Doce decisiones que debilitan la CCSS

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Costa Rica necesita un gobierno que fortalezca la CCSS

UNDECA, firme en la defensa de la seguridad social expone a la ciudadanía un conjunto de denuncias, advertencias y señalamientos públicos realizados durante la administración Chaves Robles -bajo la gestión de Marta Esquivel y Mónica Taylor- que revelan indicios graves, riesgos estructurales y decisiones contrarias al interés público, con impactos directos sobre la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Estas actuaciones no constituyen hechos aislados, sino un patrón sistemático de decisiones que han debilitado la institucionalidad, afectado derechos fundamentales y puesto en riesgo la sostenibilidad del sistema de salud y de pensiones.

1. Falta de liderazgo, diálogo y gobernanza democrática: estilo de conducción centralizado y excluyente del criterio técnico, caracterizado por decisiones unilaterales, descalificación de los héroes de la pandemia y de los criterios técnico-profesionales, debilitando la gobernanza institucional y la confianza interna.

2. Narrativa de “quiebra” institucional sin respaldo técnico: un discurso alarmista del gobierno sobre una falsa quiebra de la CCSSutilizado para justificar el no pago de la deuda del gobierno, aumentar cuotas a los trabajadores, frenar inversión en infraestructura y consolidar reformas regresivas y restrictivas de derechos.

3. Presunto maquillaje de estudios actuariales del Seguro de Salud: con supuestos y modificaciones orientados a sostener escenarios alarmistas, omitiendo estudios técnicos previos con resultados distintos, lo cual vulnera principios de transparencia, buena fe y rigor técnico.

4. Suspensión del Fideicomiso BCR–CCSS y paralización del portafolio de inversiones: con base en criterios políticos y no técnicos paralizaron todo el portafolio de inversiones, lo que atrasó la construcción de hospitales, áreas de salud y otros, pese al deterioro de la infraestructura existente, el agravamiento de las listas de espera y los retrocesos en la planificación estratégica.

5. Propuesta de inclusión de la CCSS en la regla fiscal:  pese a su naturaleza constitucional, autónoma y solidaria el gobierno propuso someter a la CCSS a la regla fiscal, para contener el gasto social y sanitario, limitar la contratación de personal, inversiones y capacidad operativa, lo que resulta incompatible con el derecho con la salud.

6. Fragmentación del personal: concurrentes, exclusivos y excluyentes: 4 miembros de la Junta Directiva impusieron, contra todos los informes técnicos, una clasificación divisoria del personal que introdujo desigualdades y afectó la cohesión institucional y el clima laboral, contraviniendo los principios de igualdad, razonabilidad y estabilidad laboral.

7. Caso Barrenador: vulneración del modelo de gestión en al menos diez áreas de salud: la privatización de servicios en 10 áreas de salud, adjudicadas con sobreprecios a cooperativas, afectanla planificación, la calidad y la continuidad de los servicios, generando riesgos para el interés público, la transparencia y la sostenibilidad financiera.

8. Denuncias por prácticas antisindicales ante la OIT: denuncia tramitada por persecución, falsedades y ofensas contra las personas trabajadoras, prácticas antisindicales y restricción del diálogo social, en contravención de convenios internacionales ratificados por Costa Rica.

9. Sobresueldos Marta Esquivel: los sobrepagos salariales aparentemente alcanzan los ₡42 millones, no han sido devueltos en contravención de la normativa y el discurso de probidad y disciplina financiera exigido a la población trabajadora.

10. Nombramientos, remociones y persecuciones ilegales: los directivos, gerentes y otros funcionarios han sido objeto de tales conductas, con violación al debido proceso, la estabilidad en el empleo y los principios de legalidad y razonabilidad administrativa.

11. Gobierno NO paga deuda billonaria a la Caja: la administración Chaves Robles mantiene una deuda que ronda los 5 billones de colones con la CCSS: por la atención del primer nivel de atención, el cuidado de personas adultas y niños en condición de vulnerabilidad y subsidios a trabajadores independientes, entre otros, afectando la sostenibilidad de los seguros sociales y la continuidad del servicio público esencial.

12. implementación forzada y fracasada del ERP-SAP: la implementación fallida del sistema ERP-SAP, marcada por incapacidad técnica, decisiones políticas y conflictos de interés, provocan caos administrativo y financiero, desabastecimiento, falta de información contable y riesgos directos para la salud y la vida de las personas usuarias.

UNDECA reitera que Costa Rica no necesita improvisación ni autoritarismo; necesita un gobierno que conozca la CCSS, con capacidad técnica, sensibilidad social y respeto a la autonomía, los derechos humanos y la democracia. La Caja es la columna vertebral del Estado Social de Derecho, donde la solidaridad se traduce en salud, pensiones y dignidad.

San José, 27 enero 2026

Posicionamiento de BUSSCO ante las elecciones nacionales este 1º de febrero 2026

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“Nunca se pone más oscuro que cuando va a amanecer” Isaac Felipe Azofeifa

El Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense, BUSSCO, presenta a la clase trabajadora y al pueblo su posición ante el proceso electoral del próximo 1º de febrero 2026.

La presente elección nacional está inscrita en el fenómeno que se está viviendo tanto en América Latina, Europa y otras regiones del mundo, como es la irrupción de unas “derechas trumpistas” no sólo profundamente neoliberales, conservadoras, violentas, sino con fuertes sesgos proto fascistas.

Las próximas elecciones nacionales presentan un escenario político muy complejo y peligroso para la clase trabajadora y el pueblo en general. Llegamos a esta situación por décadas de gobiernos del Partido Liberación Nacional PLN, Partido Unidad Social Cristiana PUSC, Partido Acción Ciudadana PAC y ahora el actual gobierno de Rodrigo Chaves, que no sólo han ido desmantelando nuestra institucionalidad pública, han precarizado servicios públicos esenciales como la salud y la educación; la electricidad y telefonía que brinda el ICE; han golpeado fuertemente nuestra producción nacional particularmente al sector agrario abriendo irresponsablemente nuestra economía al capital transnacional sin mayor regulación; han utilizado al Estado para corruptos negocios de clanes familiares, con lo que han socavado la legitimidad de nuestras históricas conquistas sociales.

Durante muchos años el pueblo costarricense por medio de procesos electorales manifestó su intención de cambio, de necesidad de rectificación, llamados que fueron abiertamente obviados por esas élites políticas. Lamentablemente ello ha abierto paso a la élite política y económica que comanda el actual gobierno que no sólo plantea profundizar el desmantelamiento de nuestra institucionalidad pública, la abierta privatización de servicios públicos; la eliminación de derechos laborales provocando una mayor precarización e informalización para nuestra clase trabajadora; sino que además ha estimulado una mayor penetración del narcotráfico, provocando incrementos alarmantes de la criminalidad y la inseguridad ciudadana, y como si lo anterior fuera poco, pretende institucionalizar la violencia, el acoso y la amenaza como práctica política cotidiana, en contra de actores sociales y políticos que no se quieran plegar a su agenda de aniquilación de nuestro Estado Social.

La elección nacional del próximo 1 de febrero le implica el desafío al movimiento popular, social y sindical de apostar por fortalecer las opciones que claramente se pongan del lado de la defensa de nuestra institucionalidad pública; que respalden abiertamente servicios públicos esenciales como la salud y la educación; que combatan el fraude fiscal de las élites económicas; que reivindiquen la soberanía alimentaria; que restablezcan la necesidad de fortalecer a los sectores productivos orientados al mercado interno, que no normalicen la violencia política como práctica de Estado. Que tengan como objetivo por medio de audaces políticas públicas volver a colocar al Estado como el principal instrumento para la redistribución de la riqueza nacional.

Desde el BUSSCO llamamos al conjunto de la clase trabajadora a salir a votar este próximo 1 de febrero, a brindar un voto consciente, reflexivo, crítico. Llamamos a los y las trabajadores a redoblar los esfuerzos de fortalecimiento de nuestras organizaciones sindicales, a convencer a nuestros colegas de trabajo de la necesidad de estar organizados y sobre todo a mantener el optimismo de que luchando vamos a lograr momentos mejores.

Desde BUSSCO llamamos al conjunto del movimiento sindical a redoblar los esfuerzos por la unidad sindical y plantearnos el construir una amplia articulación social que incorpore al sector campesino, estudiantil, de mujeres, indígenas, afrodescendientes, sindicatos, academia, entre otros; que logre desarrollar acciones de defensa y resistencia ante el escenario de profundización de la agenda neoliberal en el país que implicará mayores pérdidas de derechos sociales, económicos, laborales, ambientales, a la protesta y al libre ejercicio de la divergencia política.

San José, Costa Rica
23 enero 2026

Reconocimiento a mi compañero Luis Chavarría

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Compañero Luis Chavarría:

He leído con profunda emoción su mensaje en el chat de Junta Directiva, donde comparte que George Mavrikos, histórico dirigente de la Federación Sindical Mundial, le escribió para invitarle a incorporarse al Instituto Obrero Internacional y aportar su experiencia a la formación de nuevos liderazgos sindicales. Ese gesto no es casualidad: es el reconocimiento internacional a una vida entregada a la causa de la clase trabajadora.

Su trayectoria es la de un militante de tiempo completo, forjado en las horas más duras del sindicalismo clasista costarricense. Desde aquellos años en que debía cambiar de lugar para dormir para escapar de la persecución, cuando fue encarcelado y torturado por defender los intereses más nobles de las personas trabajadoras de la Caja y del país, hasta hoy, ha sido un luchador inquebrantable, fiel a UNDECA y a la Federación Sindical Mundial desde la médula.

Los pasillos de la CCSS han sido su casa durante más de medio siglo, y los caminos de UNDECA, una verdadera vocación. Protagonista de mil batallas, ha combinado como pocos la voluntad férrea con una extraordinaria capacidad para la negociación estratégica, el pensamiento político profundo y el análisis realista de la correlación de fuerzas. Usted comprendió desde siempre que la lucha no es improvisación, sino estrategia, inteligencia política y autoconocimiento organizativo.

Ha sabido cuándo movilizar para obligar al poder a retroceder; cuándo exponer la injusticia ante la opinión pública; cuándo aislar al adversario y quitarle legitimidad. Ha identificado con claridad quiénes ganan con la privatización y el desmantelamiento de la CCSS, qué intereses financieros están detrás y cómo operan políticamente, para demostrar que ese proyecto regresivo es social, moral y políticamente inviable.

Por eso no sorprende que Mavrikos haya pensado en usted para la formación de nuevos liderazgos sindicales en el plano internacional. Los verdaderos cuadros se reconocen entre sí.

Que existan quienes lo adversan por celos, mezquindad o intolerancia político-sindical es casi una confirmación de su estatura. Pero la verdad es una: hoy, más que nunca, la seguridad social, las pensiones, la CCSS y los derechos laborales necesitan de su voz, su experiencia y su claridad estratégica.

Por azares de la vida tengo el honor de acompañarle en este apostolado undequista, y doy fe de su enorme estatura moral, política y humana.

¡Compañero Luis Chavarría, le queda mucho por hacer!
¡UNDECA, la CCSS y el pueblo trabajador lo saben!

Martha Rodríguez González
Secretaria General Adjunta

San Ramón, 10 enero 2026.

UNDECA denuncia: Persisten graves fallas en sistema ERP-SAP en la CCSS

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A la ciudadanía se le dijo que el nuevo sistema informático de la Caja (ERP-SAP) estaba listo, que iba a ordenar las finanzas, los inventarios y la logística, pero la realidad, es que se puso a funcionar sin estar terminado y ahora la institución y la ciudadanía estamos pagando las consecuencias; incluso a seis meses de su salida en vivo, informes técnicos recientes son contundentes, las graves fallas persisten.

Durante meses autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y del gobierno aseguraron públicamente que el sistema estaba listo y bajo control, sin embargo, las fallas estructurales comprometen la transparencia financiera, el control de inventarios, la logística institucional y, de forma directa, la calidad del servicio de salud que recibe la población.

UNDECA, como sindicato mayoritario de la CCSS alerta a la ciudadanía sobre una grave crisis institucional que ha derivado de la implementación apresurada del sistema informático ERP–SAP, el cual fue puesto en funcionamiento sin cumplir las condiciones técnicas mínimas requeridas.

Inclusive en estas fechas el caos persiste, los estados financieros están siendo comprometidos, hasta el momento no se han logrado consolidar inventarios, ni certificar las cargas iniciales del sistema, existen diferencias millonarias sin justificación técnica y no se ha podido realizar el primer cierre contable integral.

“Forzar cierres en estas condiciones implica el riesgo de emitir estados financieros poco confiables o falsos, con consecuencias legales y administrativas graves. Sumado a esto se han detectado problemas en inventarios de medicamentos, órdenes de producción que no pueden cerrarse, discrepancias entre registros del sistema y existencias físicas, y la necesidad de operar con controles manuales y sistemas paralelos arriesgando la trazabilidad, la seguridad sanitaria y el abastecimiento oportuno en los centros de salud”, detalló Martha Rodríguez, secretaria general adjunta de UNDECA.

El sistema se lanzó con datos incorrectos, cargas mal hechas, procesos incompletos y no se sabe con certeza cuántos inventarios hay, dónde están ni cuánto valen realmente. La contabilidad pública no es una formalidad, es afirmar con responsabilidad legal que los números reflejan la realidad financiera de la institución.

Esta decisión apresurada de aprobar y pagar un sistema que sólo su salida en vivo costó más de 2 millones de dólares ($2 millones) y que no cumple con los requisitos técnicos mínimos, podría constituir incumplimiento de deberes, falta de diligencia y eventual daño al interés público, lo cual exigimos una investigación administrativa y judicial independiente.

Lo peor de todo es que los responsables han querido achacar la culpa a las personas trabajadoras de la institución, quienes en realidad han sostenido la operación con sobrecarga laboral, controles manuales y esfuerzos extraordinarios para evitar daños mayores a los pacientes.

“En este sentido, UNDECA exige transparencia, investigaciones administrativas independientes que determinen las responsabilidades por acción u omisión, la toma de decisiones apresuradas, los pagos realizados y protección para las personas que han advertido los riesgos”.

Y no solo han sido una avalancha de errores, sino que, en lugar de informar con transparencia, ahora, pretenden mover cronogramas y minimizar fallas ya materializadas. Esto no es transparencia: es manejo político de una crisis técnica, trasladando el costo del error a las personas trabajadoras y a la ciudadanía usuaria.

¡Denunciar no es sabotear!
Es defender la Caja, los recursos públicos y el derecho a salud y pensiones dignas.